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La UCR votarŠ el desafuero de Urribarri y BŠez



Los cinco diputados de la Corriente Illía de la Unión Cívica Radical (UCR), que formaron bloque aparte dentro de la Coalición Cambiemos en la Cámara de Diputados provincial y que tiene como presidente a Gabriela Lena, anticiparon que darán su voto favorable al pedido de desafuero que enviará la Justicia en el marco de una causa por corrupción y que involucra al presidente del cuerpo y exgobernador, Sergio Urribarri, y al legislador oficialista Pedro Ángel Báez.


“Como parte del amplio espacio de Cambiemos consideramos que es muy importante que la Justicia trabaje como un poder independientemente. Creemos también que hay que llegar a la verdad sobre todas aquellas situaciones en las que exista un manto de sospecha y en el camino hacia la verdad no puede haber escollos”, dijo Lena, quien también solicitó a sus pares del Frente para la Victoria que no actúen como “caparazón protector” y habiliten el desafuero, porque “si eso ocurre es bueno para las instituciones de la democracia, para los partidos políticos e incluso para que  Urribarri y Báez puedan defenderse y dar a conocer su verdad”.


 “El impedimento para que las investigaciones sigan adelante no pueden ser los fueros”, expres Lena, jefa del bloque integran, además, .Sergio Kneeteman, José Artusi, Fuad Sosa, y Jorge Monge. La otra facción de Cambiemos en la Cámara Baja la preside María Alejandra Viola y Alberto Rotman, a quienes se sumaron los legisladores del PRO, Martín Anguiano, Joaquín La Madrid, Ayelén Acosta y Esteban Vitor.


El  jueves 12 de abril, la Justicia confirmó el embargo por $26 millones dispuesto sobre los bienes del exgobernador  Urribarri. La medida también alcanza al exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez, y al secretario del bloque de senadores del oficialismo y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a quien se sindica como “socio oculto” de las firmas Tep SRL y Next SRL, beneficiarias del direccionamiento de órdenes de publicidad oficial por un valor de $24 millones.

 
El juez Daniel Julián Antonio Malatesta, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, adoptó esa decisión y de ese modo rechazó los argumentos de la defensa, y además no hizo lugar a un planteo de excepción de falta de acción, que no había tenido eco favorable ante el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, decisión que fue apelada. Los defensores técnicos plantearon que esas órdenes de publicidad fueron aprobadas, sin observaciones, por la Tesorería, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas, y que por tanto es “cosa juzgada” y no se puede investigar delito alguno.
La causa en la que Báez y Urribarri -presidente de la Cámara de Diputados, uno; legislador oficialista, el otro- están embargados ya tiene pedido de elevación a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal. El jueves 1° de febrero, los fiscales a cargo ahora de la causa penal, Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa, y también los embargos. Primero se hizo lugar a los embargos; pero todavía no se convocó a audiencia de remisión a juicio porque antes debían resolverse los planteos de la defensa.
La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.
En esa causa, Urribarri, Báez y Aguilera están embargados, cada uno, en $26 millones.




El pedido de desafuero ocurrirá durante la audiencia de elevación a juicio de la causa, que de momento no tiene fecha, aunque ya está el camino allanado para que ello ocurra. Y frente a esa eventual instancia, un grupo de legisladores de la UCR ya adelantó que dará su voto para el desafuero de Urribarri y de Báez.
De momento, no hay antecedentes de que los pedidos de desafuero en la Legislatura entrerriana prosperen.

La última vez que la Cámara de Diputados de Entre Ríos analizó un pedido de desafuero  fue en septiembre de 2016, cuando la mayoría oficialista salvó al presidente de la Cámara y exgobernador Sergio Urribarri, y al exintendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón.
Ambos tenían pedidos de desafuero. El desafuero para Urribarri fue solicitado por el juez de Garantías Nº 2 , Eduardo Ruhl, en el marco de la causa por calumnias e injurias que le inició el abogado Guillermo Mulet.
El desafuero para el diputado Darrichón fue firmado por la jueza de Garantías y Transiciones, Ana Quinteros Fagetti, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de los trabajadores municipales destinados a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, en tiempos en que fue intendente de Diamante. La causa está abierta desde 2009, y tuvo varias idas y vueltas en la justicia.