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Los estudios que allanaron y las relaciones con el Senado

El escandaloso caso de las tarjetas tiene a personas detenidas. Cuáles son los dos estudios contables que allanaron. Cuántos son los plásticos que tiene, provisoriamente, la Justicia. La cifra, mensual, del posible fraude alcanzaría unos 14 millones de pesos. De esa cifra había que pagar a los prestanombres e impuestos. Los investigadores mandaron a revisar las contrataciones de personal 10 años para atrás. Los nombres que llevaron adelante el esquema recaudatorio.
 
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial 



El hermetismo no lo sugiere sólo la política, sino también la Justicia. El viernes se extendió el secreto de sumario de la causa que tiene expectante a la dirigencia y atónitos a los fiscales. Se está investigando el funcionamiento de un sistema por el cual – aparentemente - se recaudaba una cifra millonaria en pesos por mes a través de contrataciones irregulares en el seno de la Legislatura. El esquema va más allá del financiamiento de la política conocido. La novedad es que el procedimiento se bancarizó. De hecho, la historia comienza con la detención de tres personas a la salida de un cajero del Bersa con un puñado de tarjetas de débito y unos cuantos miles de pesos en una mochila. La lupa está puesta, ahora, en el Senado. Pero se extiende a la Cámara de Diputados, que preside Sergio Urribarri. 


El miércoles pasado los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, allanaron dos estudios contables, como reveló Página Judicial. Uno de ellos es el de Gustavo Falco, ubicado en calle Misiones, entre Uruguay y Tala. El otro el de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda y Córdoba. El legajo está bajo secreto de sumario, pero la comunidad de contadores es un hervidero. De allí surgió el nombre de los estudios contables y de los “colegas” sospechados.


La causa se inició el 20 de septiembre a la tarde cuando Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito.


En la madrugada de ese día, la Policía allanó el domicilio de Beckman y encontró documentación y más plásticos. Hay tres detenidos con prisión preventiva: Bekman; su pareja Hugo Rubén Mena; y Bilbao. Álvarez tiene prisión domiciliaria.
Luego de los allanamientos y con el escándalo a la luz del día, el presidente del Senado Adán Bahl le solicitó la renuncia a Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director general de administración de la Cámara alta. Fue la primera consecuencia política que tuvo el caso que está en su etapa inicial.
Vínculos
Hasta lo que se sabe provisoriamente, en la Legislatura (Senado y Diputados) se hicieron 350 contratos que varían entre los 35 y 50 mil pesos. Pero a los contratados sólo se les daba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre. Una inmensa mayoría no trabaja en la Legislatura. Si se saca una cuenta rápida se trata de un monto mensual de unos 14 millones de pesos mensuales. De ahí hay que sacar los honorarios para los prestanombres y los estudios contables, que eran quienes hacían los aportes a la AFIP y ATER. Para tener todo en regla.


Según reconstruyó, los encargados de hacer el trabajo de extracción del dinero eran Mena y Bekman. Los montos los entregaban a Bilbao, Faure y Pérez, éste último trabajador de planta del Senado. ¿Por qué Bahl sacó a Pérez el mismo día de los allanamientos? ¿Sospechaba? En el Senado dicen que era un heredado que viene de gestiones anteriores. En su lugar puso a Maximiliano Argento, un hombre de su confianza.


La Justicia solicitó los contratos del Senado 10 años para atrás. Para la Procuración General en el seno de la Legislatura se constituyó una organización que sustrae fondos irregularmente. Los delitos son de fraude a la administración pública y asociación ilícita.
En los pasillos del Senado hicieron correr un nombre del culpable. Sería el chivo expiatorio “B”. Adivinanza.


El mecanismo de recaudación- que involucraría a la mayoría de las fuerzas de las cámaras legislativas - viene de años. Es otra certeza. ¿Por qué llamó la atención recién el 20 de septiembre pasado una actitud sospechosa que pudo haberse repetido en otras oportunidades? Inquietante.


El cajero del Bersa, como todos, tiene un sistema de filmación durante las 24 horas. El de calle Alsina, donde fueron capturados los primeros sospechosos, es el único habilitado para sacar altas sumas. La entidad financiera, quizás, tenga mucho para aportar.