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Preocupa al Iosper el financiamiento del sistema de salud

Por su parte, la directora representante del sector Docente, Adriana Hepp, indicó que “el principal rubro que incide en el Gasto Catastrófico en Salud, pertenece a medicamentos. Según los informes públicos sobre las variaciones de costos, resulta que, en los 50 medicamentos más consumidos, solo en diciembre de 2018, fue del 14,8 por ciento y, en algunos de ellos, hasta el 21,3 por ciento. Pero si se consideran los últimos tres años, en anticoagulantes para enfermedades cardiovasculares, el incremento fue de 534,4 por ciento; para hipertensos, los medicamentos se incrementaron un 500,9 por ciento, mientras las medicaciones para asmáticos, subieron un 302,1 por ciento; y los antiflamatorios para dolores crónicos de patologías osteoarticulares, 284,9 por ciento”.

Monzón destacó además que a pesar de los esfuerzos de la Obra Social, que con responsabilidad redujo un 40 por ciento los conflictos judicializados, “no se alcanza a trasladar a otras coberturas, porque solo sirve para equilibrar cuando aparecen casos que, si se concreta la creación del Fondo, serian aplicables”. “Iosper, de enero a diciembre de 2018, destinó en leyes especiales y judicialización de la salud, una asignación de 567.447.655,67 pesos, el 15 por ciento de su Presupuesto anual. Solo en relación a 2017, hubo un incremento de casi 200.000.000 de pesos. Y eso se debe reasignar a otros sectores de prestaciones, ya que no ingresa más plata porque se sancione una ley o se impulsen iniciativas sin los fondos necesarios”.

En ese mismo sentido, la Directora representante de los trabajadores de Iosper, Nancy Asselborn, citó dos casos: “uno, el del afiliado con Atrofia Muscular Espinal, que demandó al Instituto y solicitó cobertura integral al 100 por ciento del medicamento Nusinersen (Spinraza) 12 mg/5ml por cuatro aplicaciones, una medicación que por su costos en dólares, estaba alrededor de los 12 millones de pesos, y otro, que demandó la provisión de un tratamiento con Dinutuximab, fármaco que sin haber sido aprobado en Argentina y sin haberse evaluarse la relación de costo-efectividad, entre otras razones- demanda una cifra cercana a los 200.000 euros”.

El director representante por los municipales, Adrián Gómez, opinó que “a través de esta herramienta (ley) se podrá constituir un aporte de racionalidad para que las normas consideren el impacto económico, prioridad epidemiológica y sanitaria de muchas prácticas que, al ser protocolizadas y/o reglamentadas, eviten además, afectar presupuestos públicos sin control ni evidencias. Para eso, es necesario protocolizar esquemas y tratamientos con criterios claros sobre la incorporación de nuevas tecnologías para lograr que las mismas sean aplicables sin desfinanciar y perjudicar la cobertura al resto de los afiliados. Es necesario orientar el sistema de salud entrerriano en una dirección correcta, sustentable, con servicios; una herramienta de salud pública como política de estado”.

Gómez puntualizó que apelarán a todos los sectores, “fundamentalmente a nuestros representados del sector sindical, y también del Gobierno y empresarios, para que analicen el proyecto y nos brinden sus opiniones y propuestas. A partir del conocimiento y datos de la situación, seguramente a muchos se les modificará la perspectiva. No queremos que se concrete la tormenta perfecta para colapsar el sistema, al contrario, lo ponemos en debate para lograr herramientas y financiamiento que nos permitan saber cómo seguiremos atendiendo demandas y mejorando servicios con equidad para todos”.