FacebookTwitteremailPrint Desde hace mucho tiempo el vecino y comerciante reclama por este tema. No es nueva esta situación. Existía aún en etapa en que el precio de la energía mayorista era ficticio a los costos de producción y su diferencia era cubierta con subsidios del gobierno nacional. Circulo vicioso No lo pago en la boleta. […]
Desde hace mucho tiempo el vecino y comerciante reclama por este tema. No es nueva esta situación. Existía aún en etapa en que el precio de la energía mayorista era ficticio a los costos de producción y su diferencia era cubierta con subsidios del gobierno nacional. Circulo vicioso No lo pago en la boleta. Lo absorbe el estado, que lo sostiene el mismo vecino.
Años anteriores, en mi función local, manifesté que debía revisarse el valor de la distribución.
Como en la mayoría de los estados provinciales, la distribución en su territorio está a cargos de empresas. La nuestra es una sociedad anónima (ENERSA). Lo hace a partir de un contrato de concesión (el último) aprobado por Decreto 734 del 29 de marzo del 2012 y firmado por el ex gobernador Urribari por el gobierno y el actual Ministro de Economía Ballay por la Empresa de Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA). Se extiende este contrato hasta 2036.
¿Cuál es el organismo de aplicación de este contrato? El EPRE (Ente Provincial Regulador de la Energía). Entre otras cuestiones este organismo: aprueba el marco tarifario que se cobrará al vecino. También el vigente. Resolución 13/2019 del 1 febrero – 30 abril.
Observemos entonces en términos políticos:
• Previo a su privatización la distribución de la energía la realizaba una empresa del estado. La regalaron los mismos que hoy están en el gobierno. Era, como también el banco provincial, organismos del estado muy útiles para promover el desarrollo.
• El propio gobierno provincial tiene las herramientas para definir el precio de la energía.
• Si aún en etapas de energía subsidiada nuestro marco tarifario era muy superior a provincias vecinas la razón no debe buscarse precisamente en precio mayoritario de la misma, sino en el componente de costo de su distribución.
Por eso insistimos en la necesidad de conocer las memorias y balances de dicha sociedad anónima.
• ¿Sabemos cuál es la participación accionaria del estado entrerriano en la misma?
• ¿Se conoce su estado económico – financiero – su resultado? No ocurrirá lo mismo que con la empresa anterior o con el mismo banco, que el estado entrerriano debió volver a hacerse cargo de todos los pasivos, para luego volver a privatizar.
• ¿Cuál es el costo de funcionamiento de esta empresa? ¿Existen informes de auditores provinciales? ¿Se eleva a las cámaras para su conocimiento?
• ¿Obtiene ganancias? Estas, como se liquidan. Obtiene el Estado Entrerriano parte de estos beneficios; o solo percibe lo recaudado por la Tasa de Inspección y Control – Art. 60 del Marco Regulatorio que para todo el 2019 será de un monto de 137 millones de pesos (Una joda: 11 millones por mes para una empresa monopólica de 380 clientes y cabe aclarar que este es el gasto de funcionamiento del organismo EPRE.)
• ¿Los 125 aportantes, por ende, futuros jubilados de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones, son empleados de Energía de Entre Ríos S.A. o empleados del estado remantes de la antigua empresa provincial no absorbidos por la S.A.?
• ¿Los 409 beneficiarios de E.P.E.E.R. que demandaron en enero a la CJPER una erogación de más de 40 millones de pesos forma parte del pasivo de privatizaciones leoninas a empresas?
Los problemas serán resueltos si primero miramos el todo, y luego por parte analizamos que se puede y debe corregir.