FacebookTwitteremailPrint Tras el contundente resultado de la votación en el Senado, que por abrumadora mayoría dio media sanción a un nuevo régimen de financiamiento de los partidos políticos, el oficialismo en la Cámara de Diputados apurará el debate con el propósito de convertir el proyecto en ley el mes próximo Para ello, los diputados […]
Tras el contundente resultado de la votación en el Senado, que por abrumadora mayoría dio media sanción a un nuevo régimen de financiamiento de los partidos políticos, el oficialismo en la Cámara de Diputados apurará el debate con el propósito de convertir el proyecto en ley el mes próximo
Para ello, los diputados de Cambiemos convocarían a una reunión de comisión la semana próxima. La intención es emitir dictamen el último día de abril sobre la base del proyecto aprobado en el Senado, sin cambios. Los tiempos corren, ya que el objetivo es que las nuevas regulaciones electorales se apliquen en esta campaña presidencial.
Uno de los puntos principales del proyecto es que habilita los aportes de empresas a los partidos políticos y a sus campañas electorales. Hoy esta posibilidad está vedada, por lo que los partidos solo pueden recibir financiamiento del Estado. La iniciativa impone un tope: cada empresa podrá aportar hasta el 2% del total del gasto de campaña.
Originalmente, el proyecto del Poder Ejecutivo elevaba esa cifra al 5%. Igualmente, este punto generará debate en la Cámara baja: el kirchnerismo es contrario al financiamiento privado de las actividades partidarias al advertir que los partidos políticos y sus referentes podrían resultar cooptados por las empresas y sus intereses.
Paradójicamente, Elisa Carrió y su bloque de la Coalición Cívica opinan lo mismo y se oponen a este artículo. Carrió se jacta de que sus campañas electorales nunca recibieron aportes de empresas, justamente para preservar a su partido de eventuales reclamos o presiones.
“Nosotros no vamos a obstaculizar la sanción de la ley. Seguramente la votaremos en general a favor, pero todavía no definimos cuál será nuestra estrategia en la votación en particular de los artículos”, adelantó un integrante del bloque de la Coalición Cívica.
• Mayoría agravada
Cada voto cuenta, y por eso se preocupa el oficialismo por el derrotero que tendrá esta media sanción. Sucede que, por mandato constitucional, las leyes electorales requieren para su sanción una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara baja y de 37 votos en el Senado.
El martes el Senado la aprobó con 48 votos positivos frente a dos negativos: esta mayoría se logró gracias al acuerdo alcanzado entre el oficialismo y el bloque del PJ que preside Miguel Pichetto. En la redacción del texto final también participó la diputada Silvia Lospennato, de Cambiemos, que realizó algunos aportes para facilitar el debate del proyecto en la Cámara baja.
El interrogante, ahora, es cuál será el comportamiento del peronismo. El oficialismo confía en que el bloque Alternativa Federal, que preside Pablo Kosiner, acompañará el proyecto si se considera que sus pares en el Senado, liderados por Pichetto, ya dieron el primer paso.Pero en plena campaña electoral los ánimos son más cambiantes, sobre todo en la Cámara baja; allí la oposición es más combativa que en el Senado. Difícilmente le ofrende al oficialismo la norma que reclama sin pedirle nada a cambio.
Para el Gobierno, la sanción de un nuevo régimen de partidos políticos significaría un logro importante en medio de una realidad económica que no le ofrece buenas noticias. En términos de transparencia institucional significaría un avance: la nueva norma, además de permitir el financiamiento de empresas, obliga a la bancarización de los aportes que, además, no podrán ser anónimos. Esto facilitará la trazabilidad del dinero aportado.
El proyecto, además, reformula los plazos de las campañas electorales: comenzarán 50 días antes de la elección y finalizarán, como ahora, 48 horas antes del inicio del comicio. Además, reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales, publicó La Nación.
Otro punto importante de la iniciativa es que del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% a sitios de producción provincial.