FacebookTwitteremailPrintFinalmente el 22 de julio se debatirá en audiencia ante el juez de Garantías Nº 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, la remisión a juicio de la causa denominada “Sueño Entrerriano”, supo ANÁLISIS. El cambio de fecha tuvo lugar tras un pedido de Raúl Barrandeguy, quien ejerce la defensa del ex gobernador Sergio Urribarri, ya que el […]
Finalmente el 22 de julio se debatirá en audiencia ante el juez de Garantías Nº 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, la remisión a juicio de la causa denominada “Sueño Entrerriano”, supo ANÁLISIS. El cambio de fecha tuvo lugar tras un pedido de Raúl Barrandeguy, quien ejerce la defensa del ex gobernador Sergio Urribarri, ya que el abogado no iba a poder asistir por encontrarse de viaje. Días después, el 29 de ese mismo mes, comenzará el primer juicio contra el actual presidente de la Cámara Baja, en el marco de la conocida como “causa de la vaca”, en la que también está imputado el ex ministro de Cultura y Comunicación y actual diputado, Pedro Báez. Cabe recordar que por este expediente la Justicia pidió el año pasado el desafuero de ambos legisladores, pero aún no fueron tratados.
Respecto de la causa que se analizará su elevación a juicio el próximo 22 de julio, se trata de la acumulación de tres legajos, como solicitaron en diciembre pasado los fiscales. Según las acusaciones formales, el motivo es que todos los hechos investigados en las tres causas tuvieron un único fin: se sustrajo dinero público para financiar la campaña presidencial del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.
Los expedientes son los siguientes: la contratación con distintos medios gráficos nacionales para realizar una solicitada en contra de los Fondos Buitres que le costó al Estado provincial 4 millones de pesos; la contratación del parador playero en Mar del Plata para promocionar el turismo en Entre Ríos pero que tenía estampado el rostro de Urribarri, lo cual costó 14 millones de pesos; y la contratación de la productora de Jorge Corcho Rodríguez, Nelly Entretaiment SA, para difundir tres spots de la Cumbre del Mercosur, que costó unos 27 millones de pesos.
Por esas gestiones administrativas de gobierno, a Urribarri y Báez le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. A otros acusados se les imputa lo mismo como partícipes primarios.
Causa de la vaca
Días después de la audiencia por la Causa Sueño Entrerriano, comenzará el juicio por la Causa de la vaca, que investigó el presunto direccionamiento de publicidad estatal entre 2010 y 2015 en el Ministerio de Cultura y Comunicación. El Tribunal estará conformado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gustavo Labriola.
Las audiencias se realizarán los días 29, 30, 31 de julio y los días 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto del próximo año, a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1. La Oficina de Gestión de Audiencias detalló que en la primera jornada declararán tres testigos, mientras que los restantes lo harán 5 por audiencia, excepuando los días 26 y 27 de agosto, cuando se desarrollarán los alegatos.
Como Urribarri y Báez cuentan con fueros parlamentarios, la Justicia solicitó el año pasado a la Cámara Baja el desafuero de ambos legisladores. El oficio está en análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Diego Lara, pero hasta la fecha no fueron tratados.
No obstante, sobre este punto, la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, había remitido en octubre pasado un escrito referido a la posibilidad del juzgamiento de ambos legisladores. Allí hizo mención a lo resuelto por los vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones (Carolina Castagno, José Chemez y Pablo Virgala), quienes el 3 de octubre en el marco de la causa Nº 6.399 caratulados “Buffa, Germán Esteban S/ Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” consideraron que ambos legisladores deben ir a juicio junto a Buffa. El Tribunal sostuvo que la inmunidad de los legisladores prohíbe su detención, pero no impide que pueda iniciarse una causa penal en su contra, tramitarse e incluso avanzar hasta su total conclusión.
Qué investigó la causa
La investigación de los fiscales determinó la existencia de un mecanismo de direccionamiento de publicidad estatal en la vía pública, entre 2010 y 2015. El dinero del Estado que se administraba en la cartera de Báez, se otorgó por contratación directa y por vía de excepción a las empresas Tep y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera.
Asimismo, algunas contrataciones fueron otorgadas a los empresarios Montañana (Concepción del Uruguay) y Bustamante (Paraná). Pero según reconoció el propio Bustamante, existía un mecanismo de retorno del dinero de las contrataciones a las empresas de Aguilera. La defraudación al Estado fue calculada en 24.204.918,69 pesos.
De ese total, los fiscales entienden que hubo contrataciones otorgadas por más de 12 millones a las empresas de Aguilera (que manejan su esposa, Giacopuzzi y Sena), que fueron incumplidas. Es decir, los representantes del MPF sostienen que todas las simulaciones de control de publicidad que se hicieron a través de fotomontajes (de donde viene el nombre ‘causa de la vaca’), corresponden a una defraudación que supera los 12 millones de pesos.
En la causa intervienen los fiscales Alejandro Cánepa, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Por otro lado, los defensores del ex gobernador, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez; y los abogados del ex ministro de Cultura y Comunicación, Ignacio Díaz y José Velázquez. También el defensor Marcos Rodríguez Allende por Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada; el abogado Miguel Ángel Cullen por Corina Cargniel, Sena y Alejandro Alamada; el abogado Guillermo Vartorelli por Giacopuzzi, Tamay y Cargniel; y Félix Pérez y Sebastián Arrechea por el empresario Montañana.