FacebookTwitteremailPrint Los distritos suman pasivos en moneda extranjera por USD 20.000 millones, pero sus ingresos son en pesos y se debilitan por la devaluación y la caída de actividad general, asegura Juan Gasalla, en un informe publicado por Infobae. Las provincias protagonizan un capítulo aparte en cuanto a la deuda pública, pues desde la eliminación […]
Los distritos suman pasivos en moneda extranjera por USD 20.000 millones, pero sus ingresos son en pesos y se debilitan por la devaluación y la caída de actividad general, asegura Juan Gasalla, en un informe publicado por Infobae.
Las provincias protagonizan un capítulo aparte en cuanto a la deuda pública, pues desde la eliminación de los controles de cambio en diciembre de 2015 muchas de ellas, al igual que el Gobierno nacional, apelaron a la emisión de deuda en moneda extranjera para financiarse.
Pero las dificultades de la economía argentina, que atraviesa el segundo año consecutivo de contracción del PBI, impacta a los distritos de la misma forma que lo sufre el Gobierno nacional, que debió encarar un “reperfilamiento” de los vencimientos de su deuda.
Según cálculos privados, las provincias acumularon emisiones de bonos en moneda extranjera por casi USD 14.000 millones entre 2016 y 2017, alentadas por la relativamente baja tasa de interés y la estabilidad del dólar, que evolucionó debajo del ritmo de la inflación. Aunque no hubo nuevas colocaciones en 2018 y 2019, la incidencia de estos pasivos se incrementó debido a impactante devaluación del peso, que a partir de abril del año pasado perdió el 64% de su valor. Lo que es lo mismo que decir que el dólar se encareció un 175%, de 20,54 a 56,42 pesos en la cotización mayorista.
Sin embargo, al sumar los créditos “blandos” -con baja tasa de interés- otorgados por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF), el conjunto de la deuda en moneda extranjera de provincias y Ciudad de Buenos Aires asciende a unos USD 20.500 millones de dólares.
Sebastián Maril, experto de Research for Traders, indicó que en 2016 las provincias colocaron deuda en moneda extranjera por un valor nominal –sin contar pago de intereses- de USD 7.550 millones, mientras que en 2017 se emitieron 5.086 millones de dólares.
Marco Valenti, analista de Invertir en Bolsa, afirmó que “el monto emitido en bonos provinciales asciende a USD 13.928 millones, con cupón medio de 7,88%, mientras que los pagos que restan en 2019 por estas emisiones internacionales ascenderían a unos 325,8 millones de dólares”.
Salvo colocaciones puntuales y por montos bajos -en torno a USD 50 millones-, la mayoría de las emisiones se concretó bajo ley de Nueva York, por cuanto no están sujetas a la restricción de un giro máximo de USD 10.000 mensuales por acreedor que sí afecta a los títulos de deuda bajo ley argentina y que trajo dificultades para el cumplimiento de los vencimientos de deuda corporativa, como ocurrió con IRSA.
Valenti acotó que desde 2016 se acumuló una importante colocación de bonos corporativos, cuyo “monto emitido asciende a USD 17.500 millones aproximadamente, con un cupón medio 7,94%. Los pagos de vencimientos que restan por este concepto en 2019 son USD 260 millones, aproximadamente”.
Desde Portfolio Personal Inversiones indicaron que “se mantiene la atención sobre la posible decisión del BCRA de una flexibilización, o no, del actual cepo para los pagos de deuda de legislación local a tenedores del exterior de empresas y provincias”, cuestión ya aclarada para la deuda pública, pero que seguramente será resuelta en breve para las administraciones provinciales y las obligaciones corporativas, que de lo contrario podrían incurrir en un “default técnico” –cuando el deudor tiene los dólares, pero no los puede girar- de persistir la restricción.
Aproximadamente un 73% del stock de deudas provinciales está nominado en moneda extranjera y este perfil supone un problema extra, pues las provincias recaudan en pesos, con pasivos que se pagan en divisas cada vez más caras. Y, a la vez, por efecto de la recesión económica, dicha recaudación crece a un ritmo inferior al de la inflación.
Los analistas de Economía & Regiones estiman que la reciente devaluación posterior a las PASO incrementó la deuda de las provincias en unos $341.000 millones, monto que elevó el ratio de las deudas provinciales del 38% al 49% de los ingresos totales. También por el reciente salto cambiario creció el peso de los pasivos provinciales de un 6% del PBI a cerca del 8% del PBI.
Por supuesto, para cada provincia la situación es diferente. Hoy, las que tienen más comprometidos sus ingresos debido a los pasivos acumulados son Buenos Aires y Chubut. Para la primera, el stock de deuda representa el 83% de sus ingresos anuales, mientras que para la segunda, el 82 por ciento. También delicado, pero algo más holgado, es el ratio de deuda sobre ingresos de Córdoba (65%) y Jujuy (64%).
La provincia más expuesta al endeudamiento en moneda extranjera es Santa Fe, con un 98% del total, aunque dicha deuda representa apenas 17% de los ingresos fiscales anuales. Le siguen Córdoba (95%), Chubut (87%), La Rioja (83%), Neuquén (83%) y Buenos Aires (82%).
En cuanto al monto, es determinante el tamaño de la economía provincial, pues un mayor PBI suele estar acompañado por un mayor el endeudamiento nominal. La deuda bonaerense en moneda extranjera –por títulos públicos y préstamos de organismos- asciende a unos USD 9.822 millones. Le siguen Córdoba (USD 2.594 millones), la Ciudad de Buenos Aires (USD 1.663 millones), Neuquén (USD 1.024 millones), Chubut (USD 832 millones), Entre Ríos (USD 739 millones), Mendoza (USD 736 millones) y Santa Fe (USD 645 millones)
Las provincias registraron un superávit fiscal primario de 0,8% del PBI en 2018, básicamente porque los salarios públicos crecieron por debajo de la inflación y de la recaudación, aunque esta dinámica no es sostenible en el tiempo.
En ese sentido, un estudio del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) enfatiza que en 2018 y 2019 se observó una “caída en términos reales” de los ingresos provinciales –descontado al aumento interanual la inflación del período-, en un contexto de reducción de carga tributaria legal provincial -por la implementación del Consenso Fiscal- y la recesión económica, que genera normalmente aumento de la mora y evasión.
IARAF prevé que el cierre del ejercicio de 2019 “muy probablemente determinará que los ingresos de las provincias terminarán cayendo en términos reales y en porcentaje del PBI, es decir que se moverán en la misma dirección que lo verificado en 2018″.
Si un distrito está aumentando sus erogaciones en términos reales, la licuación del superávit es más acelerada. Por tomar un caso de notoriedad reciente, IARAF analiza lo que sucede en Chubut, “una provincia que está atravesando un momento complicado en lo que respecta a sus finanzas públicas” debido a que “durante el primer semestre de 2019 la provincia registró un incremento del gasto corriente primario de 93,4% interanual mientras que la inflación del período fue de 54,3% interanual. Esta situación generó una licuación del superávit primario registrado en 2018″.
Al mismo tiempo las provincias enfrentan la suba de tipo de cambio, que presiona al alza los servicios de la deuda en moneda extranjera, y un mayor gasto en obra pública potenciado por el calendario electoral.
El informe de IARAF advirtió que “en caso de que la combinación de velocidades de la recuperación del gasto y de la caída del ingreso de una jurisdicción alcance determinados valores, podrán verse dificultades fiscales –déficits- que no son una novedad para la historia económica de las provincias argentinas, pero que en un escenario como el actual en el que el acceso al financiamiento voluntario está cercenado, o resulta muy gravoso, tienen el potencial de generar situaciones de estrés fiscal y socioeconómico”.
Asimismo, un informe de Moody s Investors Service difundido la semana pasada advirtió que “el resultado de las elecciones primarias nacionales de Argentina desencadenó una severa reacción del mercado, a raíz de lo cual el Gobierno anunció varias medidas, como la congelación de los precios de algunos productos, los controles de capital y el “reperfilamiento” de la deuda soberana. Estas iniciativas son negativas para el perfil crediticio del soberano, de las provincias y los municipios, y para la mayoría de los sectores empresariales”.
Moodys rebajó en el último mes las calificaciones de emisor y de deuda tanto en moneda local como extranjera en las escalas nacional, de provincias y municipalidades argentinas.