FacebookTwitteremailPrintSergio Urribarri sigue negando su historia. El designado embajador argentino en Israel es un hombre millonario, consecuencia de sus negocios con dineros del Estado, durante más de 30 años. Los hizo como diputado provincial hasta fines de 2019; como ministro de Gobierno y, fundamentalmente, como gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015. Testaferros varios, […]
Sergio Urribarri sigue negando su historia. El designado embajador argentino en Israel es un hombre millonario, consecuencia de sus negocios con dineros del Estado, durante más de 30 años. Los hizo como diputado provincial hasta fines de 2019; como ministro de Gobierno y, fundamentalmente, como gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015. Testaferros varios, acuerdos con conocidos empresarios -en especial aquellos relacionados a la obra pública- y el pacto familiar con varios de sus integrantes fueron la base para el desarrollo de un sistema corrupto e impune.
Urribarri era un joven muy humilde antes de ingresar a la función pública, en 1987 y comenzó a construir su historia como diputado provincial, en 1991. Hijo de padre ferroviario y madre docente, vivía en una casa social en Arroyo Barú y era empleado bancario. Los fines de semana, junto a su mujer, iban a atender un sector de un boliche bailable de San Salvador, propiedad de un amigo personal de Urribarri, que con el tiempo terminó siendo uno de sus testaferros, para sumar algunos dineros extras y sostener a sus pequeños.
Su historia siempre estuvo ligada a la corrupción. Entre 1995 y 1999, en que siguió como diputado provincial del PJ, fue denunciado por el manejo irregular de subsidios. Inventaban subsidios para la gente, que nunca se enteraba de ello y los cobraban ellos mismos. Manejaron a su antojo la causa judicial, de la mano de la entonces abogada defensora Claudia Mizawak, que fue luego fiscal de Estado y posteriormente vocal y presidenta del alto cuerpo judicial. Llegaron a vestir de policía a uno de sus choferes para entregar citaciones judiciales truchas a las personas, para que vinieran a declarar a Paraná (desde Concordia) en días que no correspondían y por ende no se concretaban nunca. Y se cansaron de amenazarlos.
A partir de su llegada a la Gobernación se transformó en millonario. Le dio negocios con el Estado a sus amigos y testaferros; generó una inexistente firma agropecuaria en plena pelea con el campo de Cristina Fernández, de la que nadie nunca se enteró hasta que fue revelado en ANALISIS en el 2015, con sede en Formosa y con créditos de Gildo Insfrán. Se construyó un palacete en la zona del lago Salto Grande, donde hacía venir a jugadores de River o Colón, en el helicóptero de la Policía, para jugar picaditos y disfrutar de los asados que él mismo les hacía; compró departamentos y propiedades que ni siquiera se conocen; viajaba todo el tiempo con vuelos privados a Buenos Aires, tanto él y su familia y concretó innumerables viajes al exterior con todos sus allegados.
Su testaferro principal, el paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, le administró, según la pericia judicial de la causa por enriquecimiento ilícito que lo tiene cercado, más de 11 millones de dólares entre 2008 y 2015, que eran dineros del Estado. El mismo empresario, beneficiado por varios contratos generados por Urribarri en Entre Ríos, también está siendo investigado por la justicia.
Su hijo, Mauro, que nunca trabajó (salvo un breve paso por la Legislatura o su inexistente rol de ministro de Gobierno), se compró dos departamentos de medio millón de dólares en Punta del Este y junto con su tío, Juan Pablo Aguilera, manejaron cientos de miles de dólares en la vergonzosa mesa de dinero que tenían en el Senado de la provincia y que hoy está siendo investigado por la justicia federal. Esa impunidad fue la que también instalaron en el Poder Legislativo con los contratos a gente necesitada, que nunca fueron a la Legislatura y a los que le pagaban el 20 por ciento de lo que decía el acuerdo de partes, para quedarse con el dinero restante. Así fue que desviaron casi 3.000 millones de pesos en el gobierno de Urribarri y fundamentalmente en el último período. El entonces diputado se hacía llevar 2 millones de pesos mensuales de la caja legislativa, más unos 100 mil dólares que recaudaba su cuñado Aguilera y el concuñado de este último. Esa causa ocupa casi una habitación de la justicia y sigue su curso, aunque no con el ritmo que tenía en un principio.
Urribarri es impunidad. Para manejar el poder; para desviar dinero durante muchos años y para cercar a la justicia. Nadie olvida que en su segundo mandato equiparó los sueldos del Poder Judicial entrerriano con los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que los vocales del Superior Tribunal de Justicia pasaron a tener gastos reservados. Pero Urribarri olvida todo. No recuerda las ocho causas judiciales por corrupción sobre sus espaldas, que sus abogados se cansaron de postergar con las más variadas chicanas para que no se presente a indagatorias o con horarios y días absurdos de citaciones para que nadie se enterara. Las causas no avanzaron como correspondía por las trabas impuestas por sus defensores y no por otra cosa.
Por eso fue que tras dejar su mandato de gobernador prácticamente desapareció de la provincia, pese a que era el presidente de la Cámara de Diputados. Decidió vivir en Buenos Aires y llegaba solamente para la sesión, siempre secundado por sus 16 custodios, que trasladó desde la Gobernación. Y por eso el gobernador Gustavo Bordet lo dejó fuera de toda lista legislativa. Sabía que la imagen de su exaliado estaba por el suelo y que otro pacto más podía provocarle una derrota electoral en el 2019. Aunque todo lo quiera negar el propuesto embajador.
(*) Director periodístico de ANALISIS DIGITAL.