Se trata de una causa en la que se allanó la Jefatura Departamental de Policía de Federación por presuntos apremios ilegales a un detenido. La Asociación de la Magistratura cargó contra el jefe de policía y pidió “una investigación libre”.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos se solidarizó con la fiscal Josefina Penón y con el juez Sergio Rondoni Caffa, actuantes en una causa en la que se investiga a policías de Federación por apremios ilegales.
La entidada cargó contra el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, quien había cuestionado el allanamiento realizado en la Jefatura Departamental de Federación y que finalizó con tres efectivos detenidos. En un comunicado, el titular de la fuerza había expresado que “deplora la situación sucedida en la ciudad de Federación, donde la justicia investiga un supuesto delito que tal vez habría ocurrido en la alcaidía local, donde resultara con leves lesiones una persona que fuera aprehendida en flagrancia y con frondosos antecedentes”.
La presidenta de la Asociación de la Magistratura, Gabriela López Arango, repudió las declaraciones del jefe de policía en torno a los hechos de un allanamiento realizado en la Jefatura Departamental de Policía de Federación, dispuesto por Penón y Rondoni Caffa en el marco de una investigación legítima por apremios ilegales y vejaciones a un detenido.
López Arango expresó su solidaridad, como así también la del Consejo Directivo y la Comisión de Género de la institución, y enfatizó la necesidad de que “se realicen, dentro del ámbito de la legalidad y con amplia libertad, por parte de los jueces y fiscales, este tipo de investigaciones, relacionadas con delitos que implican –ni más ni menos– vulneraciones de normas constitucionales, de tratados internacionales de derechos humanos, amén de las disposiciones del Código Penal Argentino y que afectan la dignidad de las personas”, al tiempo que reafirmó “la necesidad de que sean aclarados estos hechos”.
La magistrada mencionó que este tipo de procedimiento llevado a cabo por la fiscal Penón y ordenado por el juez Rondoni Caffa “no puede jamás utilizarse como justificativo de parte del personal policial de la Jefatura Departamental de Policía de Federación, ni por ninguna otra repartición, para no atender llamadas por violencia de género u otros casos urgentes, debiendo arbitrarse los medios para tales efectos”.
Finalmente, López Arango auspició “una investigación libre y sin interferencias para el pronto esclarecimiento de los hechos”.
De la Redacción de Página Judicial