El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está impulsando una investigación sobre lo actuado por el juez de Bahía Blanca. También hay otros dos magistrados en la mira de San Isidro y Lomas de Zamora.
El juez Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial, quedó al borde del juicio político luego de que se abriera una investigación por la liberación de presos peligrosos en el marco de la pandemia por coronavirus.
La denuncia fue presentada formalmente por la abogada María Agustina Petersen ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado en 2015 por el abuso sexual agravado con acceso carnal de una menor con retraso madurativo.
El delincuente recibió una pena de prisión de 7 años y aún le restan para su cumplimiento 2 años y 7 meses.
Además, se lo investiga por la liberación de otros 12 presos con delitos graves que van desde el abuso sexual agravado, homicidio y robo agravado por uso de armas de fuego.
“Existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el Magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa. Tampoco valoró adecuadamente la prueba relevante incorporada al expediente”, indica el escrito.
El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros legisladores como Ramiro Gutiérrez, Pablo Garate y Jorge Donofrio impulsaron esta semana el juicio político contra Claudio Blum y otros dos jueces con jurisdicción en Lomas de Zamora y San Isidro, todos de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor población carcelaria del país.
Además, recibieron el apoyo de la Oficina de Víctimas del Congreso que lidera Sandra Rossi y de la que participan entre otros Matías Bagnatto y Vivian Perrone, de Madres del Dolor.
“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”, señaló Massa en medio de la polémica por las liberaciones que llevó a la reacción de buena parte de la población a través de un cacerolazo el pasado jueves.
“Estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó Massa.