Es para sostener el funcionamiento de sus economías en el marco de la pandemia.
En medio de la preocupación por los efectos económicos de la cuarentena por coronavirus en todo el país, el Gobierno nacional definió cómo repartirá un fondo de 60 mil millones de pesos entre las provincias. Además, anunció que refinanciará préstamos y deudas que las administraciones locales mantienen con la Nación.
Lo hizo a través de la Resolución 223/2020 del Ministerio de Economía, aparecida este jueves en el Boletín Oficial.
El “Programa para la Emergencia Financiera Provincial” fue creado el 8 de abril, días después de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Su objetivo es asistir a las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ante el coronavirus, según el Decreto 352/2020.
El “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” constá de un monto de 120 mil millones de pesos, compuesto por 60 mil millones provenientes del Tesoro Nacional (reglamentado por el Ministerio del Interior) y por otros 60 mil millones de pesos disponibles para el otorgamiento de préstamos a las jurisdicciones.
Este jueves, el Ministerio de Economía reglamentó cómo se distribuirán estos últimos 60 mil millones de pesos entre las provincias. Para hacerlo, se considerarán varios factores.
El 20 por ciento se asignará según el índice de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (del INDEC) que tenga cada provincia.
Otro 20 por ciento estará conformado, a su vez, en un 50 por ciento con base en los índices de informalidad y cuentapropistas respecto de los ocupados totales; y el otro 50 por ciento según la estadística de contagios por coronavirus cada cien mil habitantes, proveniente del Ministerio de Salud.
El 60 por ciento restante del monto se distribuirá de acuerdo a los pedidos de las provincias que sufran necesidades financieras y no tengan “fuentes de financiamiento alternativas”.
El préstamo será devuelto en 36 cuotas mensuales, a partir de enero de 2021, con una tasa del 0,10 por ciento nominal anual, que se calculará sobre el capital ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Los intereses devengados desde cada desembolso se capitalizarán hasta el 31 de diciembre de 2020.
Entre las condiciones que deberán cumplir las provincias se encuentran la implementación de una política salarial acorde a sus recursos en 2020 y el compromiso de no emitir cuasimonedas.
Por otro lado, se habilitó la refinanciación “en forma parcial o total” de las deudas que mantienen las provincias al 31 de marzo en el Programa de Convergencia Fiscal, el de Regularización del Sector Eléctrico (de 2018) y en los Convenios Bilaterales. Se aplicarán las mismas condiciones que para los préstamos del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”.
Del mismo modo, las provincias podrán pedir la reprogramación de las deudas que tienen con el Gobierno nacional por el Programa Federal de Desendeudamiento (de 2010) y por los Programas de Asistencia Financiera (de 2015 y 2016), del saldo de la reprogramación de deudas según la resolución 501/2018 y de la Reprogramación de los Servicios 2017 del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
El fundamento para la reprogramación del pago de deudas es el mismo que se esgrimió en la creación del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. Se trata de “sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia generada por el ‘Covid-19′”.
Antes de que la penúltima extensión de la cuarentena (hasta el 11 de mayo), 17 gobernadores le habían transmitido a Alberto Fernández sus inquietudes por la baja en la recaudación ante la caída de la actividad productiva, con la intención de acceder a ayuda excepcional.
En los últimos días, las diferentes jurisdicciones avanzaron en la progresiva flexibilización de la cuarentena, aunque con los cuidados necesarios para evitar un brote que obligue a dar marcha atrás con los permisos a las actividades económicas.