“No veo la necesidad de que el gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina”, dijo el diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) al cuestionar la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentín • El legislador puso en duda las atribuciones del mandatario para avanzar en una intervención de estas características
Al respecto, Benedetti sostuvo: “Desconocemos los detalles, pero está claro que el kirchnerismo se embarca -en nombre de la soberanía nacional, o en este caso de la soberanía alimentaria- en una aventura que tiene un riesgo de costos enormes para el bolsillo de los argentinos” y trazó un paralelismo con lo ocurrido con la estatización de YPF, que hoy vale 10 veces menos del monto por el que se pagó.
“En lo particular no entiendo cuál es la necesidad de intervenir en un proceso que viene por los carriles normales de un concurso de acreedores y, encima, de hacerlo en estos tiempos de pandemia en el que hay grandes dificultades con las cuentas públicas del país”, se preguntó el diputado nacional.
“Además de lo que habría que pagarle a los acreedores de la empresa Vicentín, para volver a hacerla funcionar hace falta mucho dinero, y estamos ante un momento muy difícil, tratando de cerrar una negociación muy compleja de la deuda y esto en vez de generar soluciones viene a generar problemas”, aseveró.
Luego, al dar cuenta de las actividades principales de Vicentín, indicó que “la principal es la del extrusado de oleaginosas, soja, girasol, colza y la exportación de aceites, expeler y granos, elementos sobre los cuales el gobierno nacional tiene muchas formas de intervenir (regulación del valor de los granos,a través de los derechos de exportación y del dólar oficial), pero de ninguna manera tomando posesión de una empresa”.
En definitiva, “no veo la necesidad de que el gobierno se embarque en una aventura comercial que, por otras experiencias, ya sabemos cómo termina”.
Por último, el diputado Benedetti consideró que además habría que analizar “si jurídicamente Alberto Fernández tiene atribuciones para avanzar en una intervención de estas características y si no habría una injerencia sobre el Poder Judicial que ya está interviniendo en el tema a partir de la Ley de Concursos y Quiebras.