Se proyecta una destrucción de puestos de trabajo registrados durante 2020 de entre 80 mil y 120 mil empleos • El sector solicita la Declaración de la Emergencia Nacional
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), representante de la actividad hotelera y gastronómica en todo el país, actividad desarrollada por más 50.000 empresas que emplean a más de 650.000 personas, reclama una vez más el urgente reconocimiento del estado de crisis del sector y la inmediata sanción de una Ley de Emergencia Nacional, que ofrezca las medidas necesarias para el mantenimiento de las empresas y las fuentes de trabajo, y hasta tanto el sector pueda retornar a su actividad normal.
La crisis producida por el COVID 19 y el consecuente aislamiento preventivo es la más grave que haya sufrido la hotelería y la gastronomía en la historia del sector, que lleva ya más de 120 días sin facturación, registrando una recesión tres veces superior al promedio de la economía del país.
En mayo se han perdido 3.870 empresas en relación con febrero de este año y se registraron 46.400 empleos menos en abril que en enero, proyectándose que en el año se destruirán hasta 120.000 empleos registrados y casi 280.000 empleos totales.
La Federación, a través de Invecq Consultora Económica, llevó a cabo durante los primeros días de julio la “2da Encuesta de Impacto del COVID-19 en el Sector Hotelero Gastronómico”, que arrojó los siguientes resultados:
La caída de la actividad en hotelería en junio fue de -94,9%, el número de empresas hoteleras que prevén el cierre de continuar la situación actual alcanza el 75% -en junio manifestaron estar en esta situación el 65% de las empresas-.
El 23% de los empresarios hoteleros pudo abonar el total de los salarios de junio; el 21% pagó o pagará el aguinaldo totalmente; el 27,7% pagó servicios públicos; el 17.9% pagó impuestos. Solo el 10.8% pudo pagar proveedores, y tan solo el 1.5% pudo cobrar sus cuentas pendientes.
La caída de la gastronomía en junio fue de -80,2; el número de empresas gastronómicas que prevén el cierre de continuar la situación actual alcanza el 74%.
El 21% de los empresarios gastronómicos pudo pagar el total de los salarios de junio. Solo el 12% pagó o pagará el aguinaldo totalmente; solo pudo pagar totalmente los impuestos el 7,1%; los servicios, el 16,9%; el alquiler, el 12,1%; y las cargas sociales, el 10,8%. El 23.7% pago a proveedores y solo el 2.4% pudo cobrar sus cuentas pendientes.
Los números expuestos fundamentan claramente el reclamo de la sanción de una Ley de Emergencia que asista a las empresas para mantenerlas vivas hasta tanto vuelvan a desarrollar una actividad normal, actividad que será la última en hacerlo dado que en su mayoría depende de una actividad, el turismo, que hoy está prohibido, y que pasará mucho tiempo hasta que se habilite, con fronteras cerradas y con la prohibición de circular por el país.
Es por ello que FEHGRA ha expuesto el martes 7 del corriente en el seno de la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la cruda realidad del sector y las medidas que necesita para su supervivencia, solicitando la sanción de una Ley de Emergencia.
FEHGRA ve con mucha preocupación el proyecto aprobado mediante dictamen de la mayoría en la Comisión de Turismo, que consagra un “Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción para el Turismo Nacional”, que ofrece fondos para capacitación y para inversión en infraestructura de las Provincias, medidas que son insuficientes en un contexto de gravísima crisis como la que atraviesa la actividad. El proyecto aprobado no contempla ninguna medida tendiente a mantener vivas las empresas y a sostener los puestos de trabajo.
Un plan orientado a la capacitación del personal requiere necesariamente de la previa subsistencia de las empresas, que hoy están en riesgo.
FEHGRA requiere la sanción urgente de una Ley de Emergencia que entienda y recepte la real situación del sector y que incluya medidas que aseguren hasta tanto se retorne a una actividad normal, la asistencia del Estado en el pago de los salarios; la reducción de las tarifas de los servicios públicos y el diferimiento de sus vencimientos; créditos a tasa cero y flexibles para capital de trabajo; exenciones impositivas; reducción del IVA en los servicios prestados por el sector.