Tal como había ordenado la Casación por la mañana, el TOF 4 dispuso la prisión domiciliaria del contratista K sin pagar ninguna fianza
Después de cuatro años y medio en el penal de Ezeiza, Lázaro Báez obtuvo el arresto domiciliario. Fue después de pedir la morigeración de su prisión, señalando que no puede hacer frente a la fianza de 386 millones de pesos que le había fijado el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo juzga por lavado de dinero. La Cámara de Casación, este lunes resolvió concederle el beneficio del arresto en uno de sus domicilios, decisión sobre la cual el TOF 4, se expidió con marcadas diferencias respecto al criterio del máximo tribunal penal.
Con un arresto domiciliario concedido por la Casación y una excarcelación dictada pero con una caución millonaria para que se haga efectiva, fue el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -responsable de juzgar al empresario K-, el que dirimió la situación. Sus jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini resolvieron que Báez continúe cumpliendo el arresto en su domicilio, monitoreado por una tobillera electrónica.
En la resolución a la que accedió Clarín, el Tribunal aclaró: “no compartimos las críticas efectuadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a la resolución impugnada, siendo que la opinión de los suscriptos ya ha sido debidamente expresada en la resolución de fecha 4 de agosto pasado, a cuyas consideraciones nos remitimos por cuestiones de brevedad”.
En aquel planteo, el TOF 4 había sostenido que la prisión domiciliaria de Lázaro Báez no correspondía por cuestiones de salud, que el informe médico del Servicio Penitenciario sostenía que podía seguir siendo atendido como hasta el momento intramuros y que la única manera en la que el empresario K podía dejar la prisión, era tras el pago de la fianza.
La Casación, sin embargo, citó un informe médico elaborado por el personal especializado del Servicio Penitenciario Federal, en el que explica que, por las patologías de Báez y su negativa a realizarse controles cardiovasculares, no puede asegurarse que el contratista no contraiga coronavirus.
El dueño del Grupo Austral obtuvo hace dos meses la excarcelación en una de las causas conexas a la Ruta del Dinero K, pero se le había fijado una caución primero de 632,5 millones de pesos. Después del reclamo de la defensa y de una orden de la Cámara de Casación, la misma quedó en 368 millones de pesos. Aún así, los abogados de Báez sostuvieron que no tenía fondos para hacer frente a esa fianza.
Entonces requirieron que, tal como había sugerido el fiscal del jucio Abel Córdoba, se cumpliera con el arresto domiciliario dictado en marzo de este año en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Dicha morigeración se había ordenado en otra causa conexa a la ruta del dinero K, donde se lo acusó por lavado de dinero por la compra del campo El Entrevero, operación por U$S 14 millones.
Por otro lado, se planteó que dos fiscales habían solicitado conceder la morigeración de su arresto, señalando que era vinculante la decisión del Ministerio Público Fiscal. Con los plazos excedidos de la prisión preventiva también se indicó que aún no cuenta con una sentencia en el juicio que inició en octubre de 2018.
Todos estos argumentos fueron citados por la Sala IV de la Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, al conceder el arresto domiciliario a Lázaro Báez. Para obtener su excarcelación, deberá pagar la fianza fijada, pero avalaron la morigeración de su prisión preventiva: el empresario K saldrá del penal de Ezeiza.
Sólo faltaba la firma del TOF 4, que al momento de resolver el arresto domiciliario, después de diferenciarse de la Casación, criticaron a los abogados del empresario K que hablaron de una “detención ilegítima”. Al respecto, los jueces señalaron que están “en todo su derecho de impugnar las decisiones que no satisfagan sus pretensiones y defender su posición, pero ello es muy distinto a deslizar la comisión de algún ilícito por parte de los suscriptos, por lo que deberán abstenerse de efectuar manifestaciones de tal tenor o, en caso de considerarlo, realizar la denuncia que consideren pertinente en el lugar que corresponda”.
Para cumplir su arresto domiciliario, Báez había fijado como domicilio una de sus 1.214 propiedades. Se trata de una casa en un barrio privado de Pilar, escriturada a nombre de Badial SA -una de sus empresas investigadas por lavado de dinero-. La casa con pileta climatizada, está valuada en unos 500.000 dólares.
Así, el dueño de Austral Construcciones comenzará a cumplir su arresto domiciliario. La justicia ya cuenta con un informe de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, donde se planteó que estaban dadas las “condiciones propuestas por Lázaro Báez para su residencia y el acompañamiento de la persona ofrecida como garante”.
El estudio socio ambiental practicado el 22 de julio de 2020, fue otro elemento que pesó en la decisión, según el cual “se encuentran dadas las condiciones psicosociales para que Báez ingrese a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.
• Los juicios contra Báez
Si bien el empresario K cuenta con un patrimonio -según el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN)-, de U$S 205 millones, el mismo se encuentra embargado en al menos siete causas radicadas en Comodoro Py. En la mayoría de ellas, está procesado por lavado de activos. Por ello, al estar todos sus bienes cautelados y sus empresas intervenidas, no los pudo utilizar para pagar una fianza, publicó Clarín.
El ex socio comercial de Cristina Kirchner ingresó a la cárcel en abril de 2016, y a la fecha afronta dos juicios orales. El primero, por la Ruta del Dinero K, donde las querellas y el fiscal solicitaron penas que van desde los ocho a los doce años, y ahora se encuentran en etapa de alegatos las defensas. Por otro lado, desde mayo de 2019 comparte con la vicepresidenta el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública, por parte del gobierno kirchnerista, a favor de su grupo empresarial: 51 licitaciones por $ 46.000 millones.