El bloque de Senadores de Juntos por el Cambio (JxC) presentó hoy un proyecto de ley para hacer un seguimiento y fiscalización de la reestructuración de la deuda provincial.
La iniciativa legislativa de autoría del senador provincial Rubén Dal Molín (Federación) tuvo la adhesión de sus pares de bancada Francisco Morchio (Gualeguay), Omar Migueles (Tala) y Gastón Bagnat (Victoria) y establece, en el artículo primero, crear “en el ámbito del Poder Legislativo Provincial, la Comisión Bicameral para el seguimiento y fiscalización de la reestructuración de la Deuda Pública Internacional emitida bajo ley extranjera en año 2017, con amortizaciones año 2023-2024-2025, dispuesta por Decreto N° 1198 MEHF”.
En los fundamentos del proyecto, se indicó que “las decisiones que se adopten, en función de los objetivos previstos, no solo afectarán el desenvolvimiento de las cuentas públicas, condicionarán el diseño de los presupuestos provinciales, determinará el nivel de inversión por parte del Estado en lo que resta del mandato (diciembre de 2023); y definirá condiciones del futuro de los entrerrianos en un plazo no menor a quince años. Como legisladores tenemos responsabilidades. Será en este periodo, en el que nos toca como funcionarios electos, tanto oficialismo como oposición, donde se enmarcará nuevas condiciones para futuras administraciones, y no podemos hacernos los distraídos en una situación tan sensible para el futuro de los entrerrianos”, se indicó.
Los integrantes del JxC señalaron, además, que tienen “intención de colaborar para salir del atolladero, pero también, estamos convencidos, que como oposición podemos aportar en tal sentido”.
“La reestructuración del 55% de nuestra deuda pública, en dólares y emitida bajo ley extranjera, no es un tema menor. Incidirá en futuras gestiones y las cámaras no pueden estar ausente del conocimiento y aporte de las posibles medidas a adoptar”, se señaló en el proyecto.
En cuanto a la composición de la Comisión Bicameral, los legisladores consideran que debe ser integrada por un mínimo de tres senadores y tres diputados, los que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. “La Comisión dictará su propio reglamento interno y elegirá a un integrante de este, que se desempeñará como presidente y que tendrá a su cargo la representación de la Comisión. Tanto la presidencia como la mitad más uno de sus integrantes se integrarán por la primera minoría del Poder Legislativo”.
En el artículo tercero, se señala: “A los efectos de dar cumplimiento con la tarea, la Comisión Bicameral tendrá las siguientes atribuciones y deberes:
a) Recabar del Poder Ejecutivo, y de los organismos competentes toda la información relacionada con las operaciones y gestiones tendientes a lograr la refinanciación de la deuda pública señalada en Artículo 1°
b) Remitir al Poder Ejecutivo de la Provincia las observaciones y sugerencias que estime corresponder, como consecuencia del análisis que realice de la documentación.
c) Adoptar, dentro de su competencia, toda otra medida destinada a lograr una mejor consecución de los objetivos planteados.
Artículo 4°) Para el cumplimiento de los fines de la Comisión Bicameral, el Poder Ejecutivo provincial y el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas deberá remitir toda la documentación existente.
Artículo 5°) Concluidos los objetivos previstos, la Comisión se disolverá debiendo remitir la totalidad de la información y documentación recopilada al Poder Ejecutivo Provincial, disponiendo que los gastos que ocasione el cumplimiento de las funciones serán afrontados por el Poder Legislativo Provincial”.
Proyecto completo
PROYECTO DE LEY
Fundamentos:
Por decreto N° 1198 MEHF – Expediente N° 2406156/2020 – del 5 de agosto ppdo se dispuso, a través del Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, la iniciación de las tratativas para negociar una reestructuración de la Deuda Pública Internacional emitida bajo ley extranjera en año 2017 con amortizaciones en ejercicios 2023-2024-2025.
Además establece la contratación del Banco HSBC Securities (USA) como asesor restructurador y a la firma DLA Piper como asesor legar de la Provincia para la operatoria.
Debido a la falta de pago del servicio de intereses por USD 21,875 millones, informado por el Señor Ministro de Economía en agosto, y luego del vencimiento del período de cura que concluyera el lunes 07 de septiembre, la firma evaluadora FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO, en su informe de septiembre baja la calificación de la provincia en los siguientes términos: ‘CC(arg)’ a ‘D(arg)’ de largo plazo y desde ‘C(arg)’ a ‘D(arg)’ la de corto plazo) de los Títulos de Deuda con vto. 2025, que representa el 55% de la deuda total de la provincia al 30.06.2020.
La provincia, ya lo hemos señalado en otras oportunidades, tiene un problema de liquidez, ajustada, aún más, por la presión del déficit del sistema previsional, a la que la aseguradora de riesgo le otorga un párrafo especial señalando que “se observa un aumento del peso de la Caja de Jubilaciones sobre las cuentas provinciales e incertidumbre sobre la previsibilidad de esta financiación a futuro”. Toda una definición, que requiere de políticas de estado, y de la cual el gobierno solo anuncia su voluntad de resolver.
Es innegable el deterioro de las cuentas públicas en el presente ejercicio; señalando una caída importante en los recursos por el freno sufrido por la economía a partir de medidas sanitarias de aislamiento social, sobre todo en el bimestre marzo – abril, con recuperación moderada en los bimestres siguientes.
Con una estructura de gastos corrientes que de los últimos cuatro periodos superaron incluso los ingresos corrientes, es decir, tuvimos déficit primario o económico, donde el 70% significa la masa salarial + jubilaciones, un 15% corresponden a obligaciones del tesoro (coparticipación a los municipios, pago a docentes privados y otras transferencias), e importantes compromisos de pago de servicios de deuda (42 millones de dólares en el ejercicio), la provincia se financio en este periodo por achatamiento de las pautas salariales, los aportes extraordinarios del gobierno nacional y un crédito obtenido ante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) por $3.500 millones, – plazo 36 cuotas – primer vencimiento enero 21.
Detenernos, sin embargo, en que los problemas de déficit fiscal, caída estrepitosa de la inversión pública y la necesaria reformulación de la deuda pública obedece solamente a los problemas macroeconómicos surgidos por el COVID 19, es, como mínimo segada y alejada de la realidad. Hace más de 10 años que Entre Ríos tiene déficit fiscal, la misma estructura de gastos y sus niveles de inversión pública decaen.
Del gobierno, al menos en la orientación de las políticas públicas y sus consecuencias, también como legisladores tenemos responsabilidades. Será en este periodo, en el que nos toca como funcionarios electos, tanto oficialismo como oposición, donde se enmarcarán nuevas condiciones para futuras administraciones, y no podemos hacernos los distraídos en una situación tan sensible para el futuro de los entrerrianos.
Hemos señalado, y el comportamiento en las cámaras lo corrobora, sobre nuestra intención de colaborar para salir del atolladero, pero también, estamos convencidos, que como oposición podemos aportar en tal sentido.
La reestructuración del 55% de nuestra deuda pública, en dólares y emitida bajo ley extranjera, no es un tema menor. Incidirá en futuras gestiones y las cámaras no pueden estar ausente del conocimiento y aporte de las posibles medidas a adoptar. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de la siguiente iniciativa.