“Nos vamos a constituir como actores civiles pretendiendo la recuperación de ese dinero”, informó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en referencia a 18 casos detectados de cobro de jubilaciones de personas ya fallecidas · “Allí hay un delito penal”, remarcó, pero entendió que se trata de “una falla del sistema” y no de una “organización criminal”
Rodriguez Signes informó que el Tribunal de Cuentas cursó a Fiscalía de Estado una copia de una investigación que está desarrollando en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, mediante la cual se confirmaron “18 casos de personas que habrían cobrado la jubilación en nombre del fallecido”.
“El Ministerio Público Fiscal inició un expediente penal y nosotros nos vamos a constituir como actores civiles, pretendiendo la recuperación de ese dinero”, adelantó en diálogo con esta Agencia.
“Vemos que ahí puede haber un ilícito penal”, apuntó el Fiscal. Pero aclaró: “No de parte de las autoridades de la Caja, sino de quienes percibieron esa suma sabiendo que los afiliados estaban fallecidos”.
Según explicó, “el sistema de la Caja implica que se tienen que dar de baja las jubilaciones y pensiones de los fallecidos. En el ámbito de la provincia, es el Registro Civil el que va informando esos casos a la Caja. El problema se da cuando la persona fallece fuera de Entre Ríos”.
Al respecto, el Fiscal indicó que “existe un sistema nacional, que se llama SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) que es el que reúne la información respecto a las bajas y la suministra a las autoridades de la Caja”.
Señaló además que el ex presidente de la Caja, Daniel Elías, “planteó que el SINTyS informó irregularmente los fallecimientos. Es decir, no los informó automáticamente, cuando se iban produciendo, sino que transcurrió mucho tiempo”. Apuntó que “en principio serían 80 casos”, 18 de los cuales ya se confirmó el cobro irregular de las jubilaciones.
· “Fallas del sistema”
Estos casos “son fallas del sistema”, sostuvo el Fiscal en declaraciones a APFDigital. Y agregó: “Estoy seguro que no hay un sistema por el cual una organización criminal está cobrando las jubilaciones de los muertos. De hecho, el 95% de la plata estaba en las cuentas bancarias, es decir, no había sido cobrada por nadie”, argumentó.
“Acá hay errores en el suministro de la información del sistema respecto a las personas fallecidas fuera de la provincia”, añadió y consideró que esos 18 casos “son avivadas individuales”.
“Sólo se cobraron en 18 casos. Y ahí sí consideramos que hay delito penal”, acotó y entendió que se trataría de “fraude a la administración pública, de parte del particular que cobró ese dinero”.
“En el resto de los casos, la plata estaba en el sistema y el banco ya la devolvió”, afirmó por último.