Los dos funcionarios del organismo vendrán a hablar sobre el cepo y el Presupuesto 2021. Alberto Fernández cree que un nuevo programa “dará certidumbre”.
La negociación entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional empezará este martes con la llegada de una comitiva del organismo a Buenos Aires. En una serie de reuniones con funcionarios, economistas y gremialistas, el Poder Ejecutivo busca dar el siguiente paso en la resolución de la deuda externa: buscará aliviar un calendario de pagos a Washington de casi U$S40.000 millones para los próximos tres años.
La misión del staff técnico del FMI estará encabezada por Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para la Argentina, y el primer objetivo será revisar las cifras del Presupuesto 2021 y las recientes medidas en el frente cambiario, tanto el reajuste del cepo como las últimas decisiones para reforzar las reservas internacionales.
La llegada de los funcionarios del FMI constituirá el primer paso de distintas visitas que realizará el organismo multilateral en el contexto de las negociaciones encaradas con la Argentina. Kozack y Cubeddu se unirán al representante permanente del Fondo en el país, Trevor Alleyne, para entrevistarse con miembros del Gabinete.
Según adelantaron fuentes del organismo internacional, la agenda de encuentros en Buenos Aires incluirá, además de funcionarios del equipo económico, representantes del sector privado y sindicalistas. Más allá de la presencia de Kozack y Cubeddu, la negociación se realizará tanto de forma presencial como virtual.
“El objetivo principal de la misión, denominada ‘staff visit’ por su naturaleza y carácter informal, será conocer en mayor detalle los planes económicos y las prioridades de política de las autoridades argentinas, que podrían sustentar un programa respaldado por el FMI. El equipo estará en modo de escucha buscando obtener un mayor entendimiento de la agenda económica de las autoridades”, explicaron desde Washington.
En la visita de los economistas del Fondo habrá distintos temas sobre la mesa. Tal como había anticipado el propio organismo, se debatirán tanto el endurecimiento del cepo cambiario que estableció el Banco Central como el proyecto de Presupuesto 2021.
En ese sentido, el FMI y el Gobierno deberán llegar a un acuerdo sobre el camino fiscal que elegirá el Ministerio de Economía para reducir el elevado déficit con el que terminará 2020. Para el año que viene, según el proyecto de ingresos y gastos que se discute en la Cámara de Diputados, Martín Guzmán espera que 2021 tenga un desequilibrio fiscal de 4,5% del Producto Bruto Interno.
El vocero del FMI, Gerry Rice, señaló que el objetivo es tener un mayor detalle de los planes económicos y las prioridades de política de las autoridades argentinas que podrían sustentar un programa respaldado por el FMI. Dijo que el equipo estará en “modo de escucha”, lo cual dará la oportunidad al equipo económico de argumentar hacia dónde va el plan argentino.
El jefe del Palacio de Hacienda afirmó en distintas ocasiones que espera poder resolver la negociación con el FMI durante el primer trimestre de 2021. Este domingo Alberto Fernández aseguró que el Gobierno buscará cerrar un acuerdo “lo antes posible”. “He tenido muchas conversaciones en este tiempo con Kristalina Georgieva y tengo la impresión de que ella ve mejor que nadie las dificultades que hay en la Argentina”, dijo el Presidente y consideró que la resolución de un acuerdo con el organismo internacional “es básicamente necesario para darle previsibilidad a la economía”.
“Lo que más aspiro es que sigamos trabajando tan bien como hasta ahora, que podamos encontrar respuestas rápidas a las inquietudes que tienen (los miembros del organismo) y que podamos alcanzar un acuerdo, un programa lo antes posible”, remarcó el jefe de Estado en declaraciones al diario Clarín.
Según Fernández, un entendimiento con el Fondo Monetario podría marcar “un punto de llegada” que pondría fin a “la mayor incertidumbre que tenía la Argentina”, en relación con la deuda con los acreedores privados y con Washington. Por eso, concluyó: “(Un nuevo programa financiero con el FMI) despeja muchas dudas, que yo no las tengo, pero que algunos sectores de la economía las tienen”.
El Gobierno de Mauricio Macri había acordado un préstamo de U$S57.100 millones con el organismo, pero la administración de Alberto Fernández frenó los últimos desembolsos para evitar que siga creciendo el endeudamiento. En total, el país llegó a recibir cerca de U$S45.000 millones.
El escollo que deberán resolver ambas partes será un rediseño de la agenda de reembolsos que tiene que hacer el Estado argentino. En ese sentido, el acuerdo original firmado por Mauricio Macri y Christine Lagarde implicaba la devolución de unos U$S38.000 millones entre 2022 y 2023. Según adelantó Guzmán, una primera propuesta del país será ganar un plazo de gracia de tres años sin realizar pagos.
El Gobierno y el FMI encaran la negociación sabiendo que el primer vencimiento grande de deuda con el organismo financiero será recién en septiembre de 2021, cuando debiera girar a Washington U$S1840 millones. Hasta ese momento, cada tres meses hay pagos estipulados por hasta 350 millones por vez.
Pero el que mirará de reojo el resultado de este toma y daca será el Club de París, el consorcio de naciones acreedoras de la Argentina. El Gobierno decidió este año patear para mayo de 2021 la última cuota del acuerdo de pago que se había firmado durante el mandato de Cristina Kirchner. De acuerdo con el equipo negociador de la deuda, el Club de París esperará que el Estado encuentre una salida al abultado cronograma de pagos para sentarse en la mesa con los funcionarios argentinos.
De esta forma, si el Gobierno llegara a buen puerto en las conversaciones con el FMI y el Club de París lograría un ahorro de U$S7300 millones durante 2021. Para tomar dimensión del alivio de deuda que podría tener el Estado: este año, entre los canjes de deuda externa y ley local, el Ejecutivo no desembolsará ni un solo dólar a los bonistas privados. Y en 2021, que preveía originalmente pagos por U$S12.130 millones, pasaría tras el canje a exigir solo U$S154 millones.