MENDOZA.- La cosecha 2021 se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para los productores vitivinícolas de esta provincia. Es que la pandemia tiene frenada la posibilidad de que lleguen los trabajadores “golondrina”. Bajo este escenario, en la provincia cuyana apuntan a la mano de obra local “en blanco”.
Sin embargo, la realidad no viene acompañando ese deseo: de los 10.000 desocupados mendocinos que busca tentar el gobierno provincial para las tareas en las fincas con un programa de capacitación, hasta ahora se anotó la mitad. Esto demuestra el bajo interés en querer ser parte “registrada” de la vendimia del próximo año, que cada temporada demanda casi 50.000 cosechadores.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas por este diario, el principal problema que impide contar con personas predispuestas para un empleo formal en el sector son los planes sociales que otorga el gobierno nacional. Esto porque los beneficiarios temen quedarse sin la asistencia una vez que concluyan la actividad en los campos. Hay ejemplos de sobra de personas que tuvieron que esperar más de dos meses para volver a cobrar la asignación.
Por tal motivo, una buena cantidad de cosechadores termina acercándose a los empleadores para realizar las tareas pero piden en negro, lo que representa un verdadero riesgo para todos los actores de la cadena.
“Es una realidad, hay muchas personas con grandes temores a quedarse sin la asistencia social, y a último momento deciden qué les conviene hacer. Se trabaja lo más posible con Anses, para que hagan la reactivación rápida del plan, pero no siempre sucede. El problema, por ahora, sigue siendo la imposibilidad de que lleguen los golondrinas, por eso apuntamos a la mano de obra local, pero está difícil”, admitieron en la Casa de Gobierno provincial. Aclararon que el registro sigue abierto.
Así, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía de Mendoza, el programa Reinventa lanzado hace un mes, con el objetivo de conseguir 10.000 trabajadores locales, a quienes se debe capacitar, cuenta con unos 5000 inscriptos, de los cuales 3500 tienen experiencia. El resto deberá tomar los talleres para adquirir los conocimientos que se necesitan. Esto no es sólo para la uva sino que se los instruye para todo tipo de cosecha y acarreo, ya sea de ajo o cereza, por ejemplo, lo que le permite al trabajador tener empleo durante más meses.
Según datos de la industria, a los que accedió LA NACION, en la actualidad la mano de obra necesaria para el proceso de cosecha es de aproximadamente 48.000 trabajadores. Bajo convenio colectivo de trabajo (CCT 154/91) hay alrededor de 9000 empleados permanentes listos para cosechar, de los 11.000 que están en esa modalidad.
Por lo tanto, históricamente, los 39.000 restantes son mano de obra temporaria, proveniente en su gran mayoría de las provincias del norte, principalmente Tucumán y Salta. Sin embargo, con este universo de persona también se presenta el problema de la registración, ocasionada en la gran mayoría por el temor a perder los planes sociales, por lo que se estima que unas 19.000 trabajan en negro.
“De esta manera, como fuente de información provista por Seguridad Social de la Nación, la mano de obra declarada en cosecha, es de 29.000 trabajadores. Datos que concuerdan con la información que tiene el sindicato y distintos proveedores de mano de obra”, explicaron a LA NACION autoridades de las cámaras vitivinícolas.
“No es un tema fácil ni sencillo. Se nos viene encima la cosecha y hay muchos obstáculos, pero sabemos que se está trabajando desde el gobierno para conseguir mano de obra local. En el fondo el problema sigue siendo el miedo a perder los planes sociales, el que sea que tenga la persona”, contó a este diario Eduardo Senra, coordinador general de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), y agregó: “Muchas veces pasan meses de espera para volver a cobrar, por ejemplo, la asignación universal, que es necesaria. Todo esto complica más aún la situación. Por eso, registrar va a ser todo una proeza. Ante la necesidad de mano obra, a veces se convierte en un riesgo para todos permitir el ingreso de personas en negro”.
De igual forma, en caso que finalmente se autorice la llegada de los golondrinas, los productores también se muestran preocupados por los estrictos protocolos que deben cumplir. “Son exigencias muy difíciles de respetar; son inversiones grandes”, explicó un empresario del sector.
Más allá de las medidas básicas de higiene, se les exige contar con habitaciones con un baño cada cuatro personas, con comedores o salones comunes que no superen el 50% de ocupación. Además, deben hacerse cargo del regreso de los trabajadores a sus provincias, para evitar lo que ocurrió esta temporada, donde hubo personas varadas en las terminales de micros