Acordó con 1.522 empleados e indemnizará a los 193 restantes y piensa devolver los 6 aviones que aún permanecen en el país. Aerolíneas Argentinas queda en completo dominio del mercado; el sueño de Mariano Recalde, hecho realidad
LAN Argentina SA, la filial argentina de Latam, la compañía aérea más grande de América Latina, comunicó anoche el cese definitivo de su actividad en el país. “Como parte natural del proceso que siguió al anuncio del cese de actividades el pasado 17 de junio, la compañía ha dado fin al programa de retiro voluntario ofrecido a sus empleados.
El impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la filial argentina y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual configuraron un escenario en extremo complejo, donde no fue posible visualizar un proyecto viable y sustentable en el tiempo, generando que LAN ARGENTINA S.A. dejara de volar desde y hacia 12 destinos domésticos después de 15 años de operación ininterrumpida”, precisó en un comunicado.
Los cuatro destinos internacionales que cubría LAN Argentina SA en conjunto con otras filiales, a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú seguirán siendo operados por las otras filiales, precisó el comunicado. Fuentes de la empresa precisaron que esas operaciones serán asumidas por Lan Chile, Lan Perú y Lan Brasil,LAN informó que “desde el anuncio del cese, la compañía puso a disposición de sus colaboradores un programa de retiro voluntario mediante el cual se alcanzaron más de 1.500 acuerdos individuales, y finalizó de común acuerdo los vínculos con todos los gremios involucrados”.
De los 1.715 empleados que tenía la filial argentina se alcanzaron acuerdos con 1.522 de ellos (89% del total), a los que a lo largo de los últimos meses la empresa les fue ofreciendo distintas combinaciones de extensión de cobertura de salud, tickets de la compañía y monto de retiro. En el caso de los 193 (11% del total) con los que no hubo acuerdo se considera la relación extinguida por cese de la empresa y se aplicará el régimen indemnizatorio vigente, al que el gobierno nacional, en la última extensión de la “doble indemnización” por despido, había fijado un tope de $ 500.000.