Los allanamientos a los propietarios de un conocido drugstore de Concordia derivaron en un mar de versiones y conjeturas, algunas con apariencias de verosimilitud y otras disparatadas, pero todas ellas potenciadas por un vacío absoluto de información oficial fehaciente.
Ni la Justicia que ordenó los procedimientos, ni la Policía Federal que los ejecutó, han aportado precisiones de manera formal. Todo parece indicar que la causa es por “lavado de activos”, pero hasta el momento no hay datos certeros acerca del trámite judicial.
Vale remarcar que el delito de “lavado” presupone necesariamente otros delitos previos que originaron el dinero “negro” que se busca blanquear. ¿De dónde provendría el “activo” mal habido en este caso? También la imaginación pueblerina se ha disparado en mil direcciones, en el intento de dilucidar lo que, en realidad, deben determinar los investigadores judiciales.
Lo único cierto y seguro es lo que muchos pudieron ver: los allanados, tanto en Concordia como en Puerto Yeruá, son todos domicilios de residencia y comerciales de la familia Espil, a la cual los rumores adjudican numerosas inversiones en los últimos años y un crecimiento patrimonial llamativo. Algo de ello se insinuó en las fotografías que divulgó El Entre Ríos, donde podían verse, por calle Aristóbulo del Valle, frente a la Delegación Concordia de la Federal, autos de alta gama secuestrados durante los operativos, lo mismo que una atractiva embarcación y un cuatriciclo.
Aunque lo que más impactó a propios y extraños es que hay vecinos que les atribuyen la propiedad de un “Camaro”, un modelo deportivo de Chevrolet que hoy por hoy se vende a aproximadamente 100 mil dólares si es 0 km. O sea, al cambio oficial, unos 9.350.000 pesos.
A la hora de buscar antecedentes “documentados” de la trayectoria de los Espil, para quienes –vale remarcarlo- rige el principio constitucional de presunción de inocencia mientras no exista condena firme en su contra, queda claro que se trata de una familia con sobrados contactos en el mundo de la política y particularmente de la acción social. Obvio, nada de ello cuestionable ni reprochable per sé.
Por ejemplo, siendo proveedores de la Municipalidad de Concordia, es verificable que en varias oportunidades vendieron a la comuna bolsones de comida, incluso ganando licitaciones por montos cercanos al millón de pesos, en las que compitieron contra las firmas más fuertes del rubro, como ocurrió allá por mayo de 2015.
También surge patente que durante muchos años los Espil han conducido los destinos de la ASOCIACIÓN COMEDOR COMUNITARIO TORONJAL, del barrio concordiense que lleva ese nombre, lo mismo que el COMEDOR COMUNITARIO SAN ISIDRO, ubicado en Capilla Los Jesuitas, en Puerto Yeruá.
La documentación pública muestra también la recepción de al menos dos subsidios. Uno que le entregó la provincia (por entonces gobernaba Jorge Busti y Sergio Urribarri era un superministro), el 8 de marzo de 2007, mediante decreto 758, por $ 30.000, destinado a la Asociación Comedor Comunitario San Isidro, en la persona de su presidenta señora Cynthia Marisol Espil, destinado a “solventar gastos que demanda el proyecto productivo Pollas Ponedoras San Isidro, con cargo a rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
El otro subsidio es mucho más reciente. Está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, de fecha 22 de febrero de 2017, en un escueto texto que dice así:
DECRETO Nº 2701 GOB Paraná, 13 de septiembre de 2016 Otorgando un subsidio por la suma total de $ 141.500 al Sr. Juan Carlos Espil, M.I. N° 8.039.115, domiciliado en calle Pellegrini Nº 278, de la ciudad de Concordia, con destino a solventar los gastos que demanda la compra de una silla de ruedas motorizada, equipada con sistema de bipedestación electrónica, para su pareja Gladys Mabel Fernández, con cargo de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Autorizando a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación a emitir la orden de pago correspondiente a fin de que la Tesorería General de la Provincia haga efectiva al Sr. Juan Carlos Espil, la suma determinada.
El domicilio del destinatario de esta ayuda especial del Estado entrerriano fue uno de los visitados el viernes último por la Policía Federal, padre de Cynthia, Yanina y Carlos Daniel. En ese sitio, algunas guías comerciales en internet ubican aún a una sucursal del Autoservicio La Tentación, uno de los negocios de los Espil.
Lo concreto es que en el segundo semestre de 2016, época en que la actividad económica de la familia era ya visible, Espil se encontró ante la dura realidad de que su esposa necesitaba una silla de ruedas motorizada, de elevadísimo precio, y, al parecer, se las ingenió para convencer a las autoridades del gobierno provincial (por entonces, Gustavo Bordet atravesaba su primer año como gobernador y Mauro Urribarri conducía el Ministerio de Gobierno) de que carecía de recursos suficientes para afrontar la inversión por sus propios medios y que, en consecuencia, resultaba perentorio que fuera auxiliado con fondos públicos que recauda el Estado de los contribuyentes.Fuente: El Entre Ríos