“Retornos”, “cartelizaciones”, “uso de dinero público para fines personales”, “desvíos”, “sustracciones”. Esos fueron los conceptos que sobrevolaron todo el alegato de la fiscal Adjunta, Cecilia Goyeneche, tras la apertura del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri, exfuncionarios de sus mandatos, familiares y empresarios.
La funcionaria judicial ocupó alrededor de 1 hora y media pasado el mediodía de este lunes, para describir las principales hipótesis acusatorias del Ministerio Público Fiscal. Sintetizó que para el megajuicio se acumularon cinco legajos que se investigaron por separado: la conocida a través de los medios de prensa como “causa de la vaca” y que en ámbitos judiciales llaman “causa de las imprentas”; la causa “Global Means”; y los tres legajos por el “Sueño entrerriano” que contienen la investigación por la solicitada contra los Fondos Buitres, los spots publicitarios de la Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador playero en Mar del Plata.
La conexión más evidente entre todas las investigaciones son las imputaciones al exgobernador Sergio Urribarri, actual embajador en Chipre e Israel; y al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.
“Contamos con pruebas sobre la responsabilidad de cada una de las personas acusadas. En los cinco hechos observamos siempre el mismo patrón de desviación de poder a favor de intereses particulares, la utilización de fondos públicos a favor del exgobernador y sus ministros para el pago de servicios que se prestaban en función de su propio interés y no de intereses colectivos, cuando no la disposición del dinero directamente para su sustracción”, dijo la fiscal.
Manifestó inmediatamente que entienden que “en el caso del señor Urribarri se trata de cinco hechos que concurren de manera real con las calificaciones señaladas; en el caso de Pedro Ángel Báez se trata de cuatro hechos en concurso real; en el caso de Juan Pablo Aguilera se trata de dos hechos en concurso real; y en el caso de Corina Cargniel también se trata de dos hechos en concurso real”, concluyó su alegato Goyeneche, sin precisar montos de pena.
Reserva del caso federal
Los defensores por su parte, se agraviaron y advirtieron reiteradas vulneraciones al derecho de defensa de los imputados y plantearon la cuestión federal. Así lo hizo en primer término Miguel Cullen por sus representados: Gustavo Tamay, Corina Cargniel, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena.
“El alegato de Fiscalía afecta gravemente el derecho de defensa de mis defendidos porque se les acusan hechos con una persona que fue excluida por una decisión anterior del tribunal”, se quejó el abogado. Lo dijo en referencia a Hugo Montañana de Concepción del Uruguay, que está internado con un cuadro de meningitis y esta mañana se decidió separarlo de este debate para juzgarlo en el momento oportuno.
Cullen también se agravió porque “usan la confesión del publicista José María Bustamante -de febrero de 2018- como prueba”. Es que Bustamante reconoció en un juicio abreviado, que formaba parte de un sistema de contrataciones del Gobierno de Entre Ríos y que cuando era beneficiado con un contrato debía retornar parte del dinero a las empresas del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. “Se argumentó ese acuerdo en el alegato de acusación de la señora fiscal. Hay una afectación del derecho de defensa”, señaló.
A esa reserva de la cuestión federal se plegó el abogado defensor Emilio Fouces que representa a Montañana; Marcos Rodríguez Allende que representa a Urribarri, Aguilera y Luciana Belén Almada; y el abogado José Velázquez por su representado Pedro Báez.
Cómo continuará el debate
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio garzón decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes, cuando los defensores prometieron hacer sus alegatos en el siguiente orden: Raúl Barrandeguy, José Velázquez, Miguel Cullen, Emilio Fouces y Marcos Rodríguez Allende.
La audiencia prevista para las 9 podría retrasarse dado que el imputado Hugo Céspedes tiene turno para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.
El dato de color
Cerca de las 12.56 de este lunes, los jueces advirtieron que la cámara del exgobernador Urribarri se apagó. El actual embajador en Chipre e Israel está autorizado para seguir el debate a través de videoconferencia y en distintas oportunidades se le preguntó si veía y oía bien lo que ocurría en la audiencia.
–Advertimos que se apagó la cámara del señor Urribarri. ¿Señor Urribarri, nos escucha? – preguntó el presidente del tribunal. Fueron unos segundos en que todas las miradas se dirigieron a la pantalla y donde debía aparecer el rostro del exmandatorio siguiendo la audiencia, sólo se veía un fondo negro con las iniciales SU.
–¿Nos escucha señor Urribarri? – repitió Chemez.
–Sí, escucho bien. Tuve un inconveniente con la cámara. No está funcionando– respondió el embajador desde Tel Aviv.
–Le pedimos por favor que trate de solucionar el problema –concluyó el diálogo con juez.
Media hora después, la situación desde Israel no había variado. Chemez lo instó a reparar el inconveniente que unos minutos después fue solucionado.