Sin subsidios del Estado, las facturas aumentarían entre un 38% y un 110%, según un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En febrero correspondería una nueva revisión tarifaria integral para la distribución.
Los usuarios del servicio eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano, el AMBA, -áreas provistas por las distribuidoras Edenor y Edesur- pagan una de las facturas más baratas del país. Lidera ese ranking la riojana Edelar, que es subsidiada por la administración provincial. Por el contrario, la electricidad más cara se paga en Córdoba, donde la distribución está a cargo de Epec, también del Estado. Los subsidios del Estado nacional no son directos a la demanda, sino que se destinan a la generación.
Con la referencia de las tarifas del AMBA, en Córdoba se paga 189% más; en Salta, 133%; en Santa Fe, 109% por encima y en Río Negro, 90% más. En el caso de Chaco, el precio que abonan los usuarios es un 50% más que el de los porteños y en Tierra del Fuego -donde no se actualizan tarifas desde hace casi 3 años- 29% más.
Siguiendo esta línea, en agosto de 2021, un estudio del propio EDENOR reveló que “los porteños y bonaerenses pagan un tercio por su consumo de luz en relación a lo que abonan los entrerrianos”. Para febrero, se espera un nuevo aumento del cuadro tarifario.
Los datos surgen de un trabajo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba -en base a la comparación de facturas de distintas ciudades-, que subraya que la política de subsidios genera distorsiones macroeconómicas pero también “agrava” las existentes a nivel microeconómico “generando desigualdades en términos regionales”.
LA NACION ya describió que con tarifas que subieron menos en el AMBA que en el interior del país -donde tampoco siguieron la dinámica de los costos- las distribuidoras tratan de compensar y se financian con Cammesa, que acumula una acreencia de $240.000 millones (0,36% del PBI estimado para este año). Esa deuda de las empresas se refinanció hace un año, pero el rojo se acumula a una velocidad de entre $15.000 millones y $20.000 millones mensuales.
En febrero correspondería una nueva revisión tarifaria integral para la distribución, que se realizan cada cinco años. Por ahora no hay preparativos ni anuncios públicos respecto de la convocatoria que se debe realizar.
Los cálculos de la Bolsa de Comercio consideran el costo de la energía eléctrica a diciembre pasado antes de impuestos (las cargas también insertan distorsiones e inequidades) y son sobre un consumo residencial de 300 kWh mensuales. Si no hubiera subsidios, la desigualdad tarifaria disminuiría a la mitad: la diferencia de Tierra del Fuego con el AMBA pasaría del 29% al 14% y la de Córdoba, de 189% a 90%.
Una quita completa de los subsidios llevaría a que los consumidores del AMBA pagaran 110% más que hoy, pero aun así seguiría siendo de los servicios más baratos del país. Un cliente de la estatal Epec, en Córdoba, afrontaría el menor aumento porcentual: su boleta sería 38% más cara que la factura de diciembre pasado.
Fabio Ventre, subdirector del Instituto de la Bolsa, afirma que los subsidios a la energía generan “más distorsiones y costos” que los aparentes beneficios de aplicarlos. “Con un impacto mínimo en el consumo de las familias, generan incentivos perversos a consumir más ya que se paga un precio menor al costo de producir la energía. Hay también desincentivos a invertir por parte de las empresas que generan y distribuyen”.
Agrega que esta situación deriva en una “peor calidad de servicio” para todos los argentinos, tal como lo muestran los recurrentes cortes de energía que no son sólo en el AMBA, como el de la tarde del martes, sino que se registran en otras ciudades del interior. A eso se suma que el balance energético “se torna deficitario y profundiza la pérdida de reservas; también ahonda el déficit fiscal y la emisión monetaria, que “terminan impactando en una mayor inflación”.
Según el Instituto Mosconi, los subsidios energéticos acumulados a noviembre pasado (último dato disponible) fueron de US$9840 millones), cifra que representa un incremento del 133% respecto de igual periodo de 2020.
Cammesa lideró las transferencias recibidas con US$6400 millones y un aumento interanual de 106%, lo cual representó el 65% de los fondos ejecutados. Por otra parte, a través de los diferentes subsidios a la oferta, se destinaron US$2200 millones a la producción de gas natural.
Por Gabriela Origlia