El megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, se reanuda este lunes y comienza a transitar las etapas finales de los alegatos de los abogados defensores, trámite que arrancó el miércoles 23 de febrero en el marco de un proceso judicial complejo que se abrió el 27 de septiembre de 2021 y que sentó en el banquillo a 13 imputados.
Este lunes se espera el alegato del abogado Marcos Rodríguez Allende en defensa del cuñado Juan Pablo Aguilera en la causa del parador playero que se instaló en Mar del Plata, en el verano de 2015, que le costó a la provincia $14 millones y que según la Fiscalía fue parte del proceso de instalación a nivel nacional del nombre de Urribarri para pelear por la candidatura a Presidente, para suceder a Cristina Fernández de Kirchner.
Concluido el alegato de Rodríguez Allende, seguirán Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy, defensores del exgobernador, y después será el turno de las réplicas del Ministerio Público Fiscal a los alegatos defensivos, y al cabo de ese trámite, las dúplicas de los defensores. Posteriormente, habrá un momento para que los imputados en el megajuicio puedan decir sus últimas palabras.
Al megajuicio llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur. De ese modo, quedaron 13 imputados.
El listado de los acusados lo conforman el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado Gustavo Tamay, el empresario Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
Las causas incluyen la investigación por el otorgamiento de una pauta publicitaria al empresario polirrubro Germán Buffa cuando su empresa, Global Means SA, ni siquiera estaba constituida en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip); la «causa de la vaca» así conocida mediáticamente y que relaciona las millonarias contrataciones de publicidad en cartería en vía pública por parte de la provincia que fueron «direccionadas» a las empresas que se adjudican al cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL; y la megacausa del «Sueño Entrerriano», en la que se agrupan la publicación en diarios de tirada nacional de una solicitada contra los fondos buitre, que costó $4 millones; el montaje del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el cual la Provincia pagó $14 millones al empresario Gerardo «Foia» Caruso; y la contratación de Jorge «Corcho» Rodríguez para difundir 3 spots en 2014 dizque para la difusión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, a un costo de $28 millones. Fiscalía dice que en esas contrataciones hubo «direccionamiento» y que los expedientes que avalaron las adjudicaciones fueron «meras fachadas»; pero que además los gastos se dirigieron a financiar la campaña de instalación de la figura de Urribarri en su pretensión por alcanzar la precandidatura a presidente de la Nación en 2015.
Al tribunal, que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, escuchó los pedidos de condena que formularon los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
La Fiscalía formalizó este jueves los pedidos de condena a cada uno de los 13 imputados, a saber:
Al exgobernador Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua.
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achaca como partícipe secundario el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pide la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, es funcionario de la Cámara de Diputados.
A Maximiliano Romeo Sena, , otro “prestanombre”, según Fiscalía, como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Del otro lado, uno a uno, los defensores Emilio Fouces, José Velázquez, Ignacio Díaz, Juan Méndez, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende han refutado los cargos de Fiscalía, han cuestionado las pruebas y han pedido la absolución de sus defendidos. En medio, también, se pidió que el empresario polirrubro Germán Buffa, tenga el mismo tratamiento que Jorge «Corcho» Rodríguez, y consiga el beneficio de suspensión del juicio a prueba, petición que el tribunal resolverá cuando dé a conocer las condenas.
(Entre Ríos Ahora)