Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, incorporarán los fundamentos completos al adelanto de sentencia que dieron el 7 de abril pasado, en el marco del megajuicio por corrupción.
Hace casi unos 20 días, el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; el empleado del Senado Juan Pablo Aguilera, entre otros, fueron condenador por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en cinco causas acumuladas. Ocurrió tras un debate sin precedentes en la historia judicial entrerriana, llevado a cabo desde el 27 de septiembre de 2021 hasta mediados de marzo de 2022.
La instancia de juicio tuvo varias postergaciones por distintos motivos hasta que finalmente se dio. Durante unos 5 meses se pudo escuchar a decenas de testigos, una discusión férrea entre las partes, descargos defensivos y pedidos de condenas y absoluciones.
El adelanto de sentencia o veredicto fueron unas 12 horas de lectura. Tras la jornada intensa, Urribarri -que siguió la lectura por videoconferencia- presentó su renuncia a las embajadas de Israel y Chipre. La dimisión fue rápidamente aceptada por el Gobierno nacional. Aún se espera el regreso del exmandatario al país.
Junto a Urribarri se juzgó a Báez; al exministro de Turismo Hugo Marsó -que fue absuelto-; a Juan Pablo Aguilera; los empresarios Gerardo Caruso y Germán Buffa; la contadora Corina Cargnel y los diseñadores gráficos Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena -fue absuelto-; los hermanos Luciana y Alejandro Almada –fue absuelto-; los empleados del Gobierno provincial Gustavo Tórtul –fue absuelto- y Gustavo Tamay. Para los 13 imputados, el Ministerio Público Fiscal pidió penas que iban de los 12 a los 3 años de prisión, más inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas y decomisos. El tribunal, al momento de dictar veredicto, absolvió a 4 y condenó a 9. Las penas importantes se impusieron a Urribarri, Báez y Aguilera, quienes recibieron 8 y 6 años y medio de prisión, respectivamente.
En el megajuicio se ventilaron contrataciones millonarias del Gobierno provincial, entre 2010 y 2015, presuntos desvíos de dinero público para financiar intereses particulares, supuestos pactos o acuerdos espurios entre funcionarios políticos y particulares. Los fiscales calcularon un desvío de las arcas públicas de casi 9 millones de dólares.
Se investigó puntualmente las contrataciones sistemáticas del Gobierno provincial a empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera; la instalación de un parador playero en Mar del Plata bajo las reglas administrativas de la urgencia; la contratación a una empresa que no reunía las condiciones para formar parte del Registro de Medios en la provincia; la difusión millonarias de spots publicitarios; y la publicación de un texto en 18 medios gráficos del país, firmado por el exgobernador, en el marco de una puja judicial entre el Estado nacional contra fondos de inversión extranjeros.
Los defensores e imputados aseguraron, a lo largo de todas las investigaciones y principalmente durante el juicio oral, que todo se trata de una persecución político judicial, identificaron adversarios políticos detrás de las causas y sostuvieron que esta carrera se inscribe una oleada regional de persecución a dirigentes que pretenden la promoción de los derechos básicos del pueblo. Suele llamarse “lawfare”, y acusan la utilización de herramientas judiciales para el acoso y asedio de un grupo político.