El proyecto de ley que establece cambios en el Consejo de la Magistratura se convirtió en ley en la sesión de este miércoles del Senado con los votos del bloque del Frente Creer Entre Ríos, tras el pedido de tratamiento sobre tablas del expediente. El texto había sido aprobado por la Cámara de Diputados el 31 de agosto, también con los votos del oficialismo y el rechazo de Juntos por el Cambio.
El presidente del bloque del Frente Creer, Armando Gay (Concordia), hizo una moción de tratamiento sobre tablas del expediente 25.727, y luego fue quien defendió la iniciativa en el recinto.
“El exgobernador Jorge Busti decidió crear en 2003 este órgano para limitar la facultad que tenía respecto de las designaciones, y asignarle la tarea de realizar los concursos para remitir las ternas vinculantes”, recordó el senador justicialista sobre el órgano que luego se incorporó en la Carta Magna entrerriana.
Y agregó: “Siempre digo que las normas se deben ir actualizando y aggiornando al contexto de la realidad, que es dinámico. En este caso se hacía necesario actualizar la ley del Consejo de la Magistratura”.
“Esta reforma es más que nada una consecuencia natural del tiempo y la necesidad de que las instituciones se adapten al tiempo histórico y nuevas demandas de la sociedad”, afirmó.
En esa línea, sostuvo: “La abogacía, la gente, la provincia, la práctica judicial, no es la misma hoy que en el 2003. Como toda organización, debe recoger la experiencia de su propia vida pero a la vez implementar los cambios y reformas para mejorar cuestiones que en la práctica han ido generando deficiencia en el mismo funcionamiento”.
“En la Cámara de Diputados se llamaron a todas las instituciones directamente vinculadas, que acercaron propuestas, también críticas, que se volcaron en el dictamen, que luego fue votado”, marcó. Y destacó: “El ingreso de dos universidades fuertemente arraigadas en la provincia, como la UNER y la UADER, que han demostrado el compromiso con la provincia al querer formar parte del Consejo de la Magistratura”, al tiempo que agradeció “el rol” que ha tenido la Universidad Nacional del Litoral.
“La sociedad reclama transparencia todos los días, y la imagen de los poderes públicos, y el judicial en particular, demandan esa apertura republicana que permita a la sociedad tener garantías de esa transparencia y honestidad en el funcionamiento institucional”, analizó, tras lo cual hizo un punteo de los cambios que introduce la ley, que ahora pasará al Ejecutivo para su promulgación.
“Estas reformas están destinadas a mejorar la transparencia, celeridad y eficiencia de este proceso, y harán del Consejo un mejor órgano técnico”, aseguró.
Y redondeó: “Esta reforma es un claro paso hacia adelante. Un salto de calidad que busca robustecer la legitimidad de los hombres y mujeres que buscan acceder a la magistratura, y permitiendo el principio de idoneidad y la máxima transparencia como pilares fundamentales de un poder judicial independiente y de cara a la sociedad”.
Rechazo opositor
“En la sesión anterior mi bloque sostuvo ante la creación de la Fiscalía Anticorrupción la unanimidad de acompañar las políticas públicas que consideramos cuestión de estado. Esa era una de ella. Esta iniciativa, con un tratamiento exprés, está muy lejos de ello”, dijo, a su turno, el senador Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación). Y agregó: “Tendrá legalidad por su tratamiento exprés y aprobación, pero no tendrá, a nuestro criterio, la legitimidad que se alcanza con la satisfacción de actores involucrados”.
“En esta misma Cámara en la designación de jueces le hemos preguntado por el proceso a pretendientes a cargos, y siempre destacaron que era un proceso transparente y adecuado, y solamente planteaban quizás algo más de recursos para que tenga celeridad” los concursos, planteó. También citó el comunicado del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, “donde destaca que el Consejo de la Magistratura es un organismo modelo en el país y que no resultaban adecuadas y beneficiosas para el sistema de designación” las modificaciones.
“Esta iniciativa no tiene consenso porque altera el equilibrio de los estamentos del Consejo que nuestros constituyentes lo dejaron plasmado en la Constitución al tratar que el Superior Tribunal de Justicia no tuviera injerencia dentro de este organismo. Pero el Superior Tribunal de Justicia, a partir de esta nueva reforma, va a tener intervención antes, durante y después de los concursos”, advirtió.
“Señala un reconocido constituyente en alguna nota que publicara que la Constitución Provincial no le permite ni al Superior Tribunal ni al Ministerio Público ninguna intervención en el Consejo. Es una intervención que se persigue disciplinar a los postulantes”, dijo Dal Molín citando un fragmento de una columna de opinión de Julio Federik.
“Por supuesto que valoramos la intervención de universidades que existen en nuestra provincia, pero entendemos que en este marco no tienen ellos la mirada académica integral de derecho que sí tienen aquellas como la UNL”, entendió además.
“Por eso entendemos que la limitación que se le otorga en este marco a la UNL no es ventajosa en el término de su participación en el Consejo”, agregó.
“Destacamos también el punto del orden de mérito. La no puntuación que va a ocurrir a partir de esta modificación nos hace pensar que de qué serviría rendir, esmerarse, estudiar, si luego no voy a saber en qué lugar de la terna estoy”, observó.
“Y por último, desde lo político, ya lo hemos manifestado: en nuestro criterio esta ley tiene un objetivo, que es la intromisión del poder político en alguna parte de la Justicia cuestión que hoy es muy delicada y en un momento extremadamente sensible para el país”, completó.
Por su parte, el presidente del bloque opositor, Francisco Morchio (Gualeguay), agregó: “Quiero solo llamar la atención a las formas en que se llega a tratar este proyecto de ley. En labor parlamentaria lo conversamos (NdR: a la vicegobernadora Laura Stratta), me ha dado razones, pero este proyecto no viene aprobado de unanimidad de Diputados, y lo van a aprobar sobre tablas en esta sesión sin pasar por comisión”.
“Me parece que merecería una discusión en comisión. Me hubiese gustado saber qué piensan las universidades, las ONGs, el Colegio de Abogados, la Asociación de la Magistratura… nuestra Legislatura es bicameral, y los senadores también tenemos derecho a escuchar a los actores y sacar nuestras conclusiones, y no a ser una escribanía de la otra Cámara. No sé si hubiéramos llegado a un consenso, pero en esta condiciones no hay posibilidad de consenso”, cerró.
Desde el Frente Creer
A su turno, Horacio Amavet (Frente Creer-Uruguay) sostuvo: “Estoy convencido que esta ley viene a mejorar, adecuar, sistematizar y transparentar aún más y dotarla de mayor autonomía provincial”.
“Coincido con Dal Molín que prefiero las leyes por unanimidad, pero considero que Diputados dio un amplio debate, se atendieron muchas sugerencias y, a veces, en la democracia no se puede coincidir absolutamente en todo. Pero en definitiva creo que hay que avanzar en este proyecto porque mejora el Consejo de la Magistratura”.
El senador Adrián Fuertes (Frente Creer-Villaguay) dijo coincidir “con respecto al rol que ha tenido el Senado en el tratamiento” aunque destacó el debate en comisión en la Cámara Baja; y enrostró que el Consejo de la Magistratura de la Nación hoy está presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en respuesta a las críticas por la participación que tendrá el STJ.
“Hemos visto cómo el presidente de la Corte es en paralelo el presidente del Consejo de la Magistratura. No se puede cuestionar esto si no se cuestiona lo otro”, afirmó.
“No se puede avalar la máxima autoridad en el Consejo de la Magistratura a nivel nacional y tener un criterio diferente en la provincia”, completó.
Seguidamente, y tras una breve intervención de Gay y Morchio, se dio lugar a la votación.
Nota de la UNL
Este martes, ante el ingreso del proyecto en el Senado, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin, había enviado una nota dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Laura Stratta, solicitando ser convocados para dar a conocer su opinión sobre la iniciativa.
Acuerdo del STJ
Además, en su reunión de Acuerdo General de este martes, el STJ se expresó sobre la inicaitiva. Al respecto, sostuvo: “El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos -único máximo tribunal del país que no integra el Consejo de la Magistratura de su jurisdicción- comparte en líneas generales las necesarias _aggiornantes_ propuestas de modificación del Instituto que coadyuvarán en la transparencia y celeridad de sus procedimientos; en especial, el reconocimiento de integración del estamento académico con docentes de Universidades con sede en la provincia, la conformación de listas anuales de Jurados y su sorteo en acto público para intervenir en cada concurso, la conformación de un banco de casos de conocimiento público del cual emergerían por sorteo los casos concretos para cada examen de oposición y, por último, la simplificación del control judicial de las decisiones administrativas del Consejo, evitando una extensa tramitación por la vía administrativa o Contencioso Administrativa ordinaria, contraria a la necesaria pronta resolución definitiva de los eventuales conflictos que se susciten, llevándolos directamente a decisión del último órgano judicial competente en la materia”.