Con una suba de precios que desde hace meses supera el 5% mensual, los proyectos quedan atrapados en la burocracia para lograr actualizaciones; hay pocas licitaciones importantes que puedan terminarse
Para cualquier presidente, inaugurar una obra pública es una tentación irresistible. Para Alberto Fernández, un jefe de Estado con muy poca agenda, es poco menos que un vaso de agua después de una semana en el Sahara. El problema es que por culpa de la inflación, el recorte de partidas y la falta de planificación, el mandatario y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, estarán condenados a cortar cintas de obras menores.
Algo de eso reconoció el Presidente cuando, la semana pasada, cerró la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. “Nosotros constatamos, todas las semanas, el enorme impacto que tienen muchas obras, tal vez, más pequeñas en las comunidades, en los barrios, en las comunidades medianas. Esas obras también trascienden, porque mejoran mucho la vida de nuestra gente. Sin embargo, esas obras no nos hacen perder de vista aquellas otras, que resultan estratégicas para nuestro desarrollo”, dijo el mandatario en uno de los pocos momentos en los que su discurso abandonó la referencia concreta al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner
La diferencia está en el impacto de las obras públicas “de desarrollo” versus el que tienen “las de bienestar”, como se llama a las que históricamente ejecutaron las intendencias. No hay planificación de gran infraestructura, sino obras menores. De hecho, en el discurso, el propio Presidente lo reconoció. “En el programa de más de 5000 obras en ejecución que venimos desarrollando, se encuentran 120 que tienen carácter estratégico”, dijo. De esas, unas pocas son de infraestructura. La mayoría de ellas no estará disponible para cortar cintas en campaña.
La obra pública, una de las principales variables a la hora de las campañas políticas, se tomó un tiempo. Este año, si bien los números son mayores a los de los dos anteriores, ambos afectados por la caída de la construcción por los efectos de la pandemia, por ahora está debajo de los mejores meses del gobierno de Mauricio Macri. Más aún, los numerosos asistentes miraban con desconfianza. Por lo bajo dicen que la gestión de obras públicas tiene un marcado tinte municipalista. “No hay grandes obras de desarrollo; en eso hay un déficit”, se sinceraba un funcionario que estuvo en los pasillos de la Convención.
Los constructores que lo escuchaban en La Rural le reconocen algo a la dupla Fernández-Katopodis. Vialidad, el organismo más activo en materia de obra pública, pagaba bien. “Los pagos salían bien. Siempre estuvieron bastante al día”, dice el dueño de una constructora. Pero cabe destacar una sutileza: usó un verbo en pasado. El problema es que desde hace unos meses aquella dinámica cambió y empezaron los atrasos.
Ahora bien, la obra pública siempre estuvo acostumbrada, entre otros vicios, a los aletargados tiempos del Estado a la hora de pagar. Pero el tema es que los retrasos en épocas de una inflación que ya hace meses que corre a valores superiores al 5% mensual generan un verdadero caos de costos, pagos, readecuaciones de precio y burocracia desenfrenada.
“Mantener los precios en un proyecto de construcción pública es imposible. Se generan atrasos que ahora tienen un impacto financiero muy grande”, repetía el dueño de una empresa de construcción del interior. Actualmente, la regulación vigente establece que cada 5% de aumento de precios, se debe empezar un proceso administrativo de readecuación de costos. Con la inflación actual, cada 30 días se gatilla la cláusula. “Eso genera que todo el tiempo haya que empezar el procedimiento que, a su vez, tarda varios meses. Y para cuando sale aquel reclamo y se actualiza el monto, ya hay uno más por cada mes. Imposible mantener este esquema con semejante inflación”, se confiesa otro constructor.
Los datos que muestran el fenómeno
Si algo le cuesta al Gobierno es poner los números de la obra pública sobre la mesa. “Para nosotros, la obra pública es el motor de la economía; lo sostenemos con hechos y sistemáticamente hemos ido incrementando el presupuesto”, dijo el Presidente. Sin embargo, pese a forzar las comparaciones, todavía está lejos de otras administraciones.
Uno de los indicadores que es referente es el de despacho de asfalto vial compilado por la Comisión Nacional Permanente del Asfalto. Ese rubro, por caso, es prácticamente todo de obra pública. Entre enero y agosto de este año, por ejemplo, se despacharon 249.577 toneladas de ese insumo vital para las rutas. Ese número solo supera (sin considerar 2020, año de pandemia) a las 197.838 toneladas de 2016, el primero del mandato de Macri. Un año después ya estaba en 385.124, cifra que prácticamente se mantuvo en 2018 con 379.515 toneladas. Pero a Alberto le gusta compararse con 2019, el último del período presidencial de Cambiemos. También le va mal. Sus 249.577 toneladas están por debajo de las 302.278 de entonces.
Las inexactitudes presidenciales también se escucharon cuando habló de la cantidad de empleados en el sector. “El gremio de la Uocra registraba poco más de 220.000 obreros en diciembre de 2019; lo duplicó en 32 meses alcanzando un récord histórico, y hoy supera los 430.000 obreros registrados”, dijo el jefe de Estado. Según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), que recopila datos de la obra social del sector (Ospecon) y del seguro de vida obligatorio, es decir de todas las altas al sistema, en diciembre de 2019 había 359.613 trabajadores registrados mientras que actualmente hay 393.577 empleados, según los registros de la misma entidad calculados igual que entonces. Un optimista de las matemáticas el Presidente.
Pero pese a que los números no le dan la razón, el Gobierno seguramente cambiará partidas y sacará dinero de algunas áreas como para exhibir movimiento en un rubro que es caro a los sentimientos de intendentes y gobernadores. De hecho, mediante una decisión administrativa, incluyó en el presupuesto de este año algunas obras que ejecutará en no más de 1% este año y dejará el 99% restante, al menos, para el que viene. Es una manera de inscribir proyectos para incluirlos en las previsiones del año que viene, aunque será difícil verlos terminados.
Por lo pronto, le quedan obras pequeñas. Pero para un Presidente sin agenda, una foto de un plano cerrado (cosa que no se vea demasiado) y una cinta celeste y blanca cortada valen oro.