El senador provincial, Rubén Dal Molín (Federación-Juntos por el Cambio), indicó que dicho organismo estatal fue creado en cumplimiento a objetivos de la Ley 9140 para la administración de fondos que la Nación debía depositar por los excedentes derivados de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, y con un meta de realizar obras para mitigar los efectos negativos de la explotación del complejo. “Hoy este organismo tiene un problema de financiamiento, que deriva en cuestiones de funcionamiento y cumplimiento de dichos objetivos”.
El legislador señaló que, en el año 2004, inicio del período de gobiernos ininterrumpidos de esta gestión, dicho organismo ejecutó un presupuesto de 43,2 (cuarenta y tres) millones de pesos, de esos “38 millones fueron destinados a Obras Públicas. En términos porcentuales significó el 88,6% para inversiones y solo 11,4% para funcionar”.
“La provincia en ese año ejecutó obra pública por 186 millones, de los cuales, los 38 millones de CAFESG significaron el 20,55% de la obra pública de la provincia.
Este nivel de inversión / participación se mantuvo durante algunos años; pero año a año fue creciendo el gasto de funcionamiento en detrimento de la inversión, como también fue cayendo la incidencia de la obra realizada por CAFESG en relación a la inversión total de la provincia. En 2019 significó solo el 0,39% – en 2020 el 1,26% y al año pasado, 1,38% – Todo un indicador: del 20%, nos vinimos al 1% en promedio de los últimos 3 años”, detalló Dal Molín.
En su análisis, el senador detalló: “Miremos desde otra perspectiva, si se ajustara por inflación el monto de obra pública que realizó CASFEG en 2004, es decir, 38 millones de pesos; en 2021 esta cifra debió ser de 2.651 millones de pesos. La cruda realidad es que no llegamos a los 220 millones, y lo peor que el gasto en personal fue de 217 millones. En otras palabras, un organismo creado con un único fin de inversión pública, gasta lo mismo en personal que lo que invierte”.
“La gravedad debe mirarse, además, en la necesidad de financiamiento dado que desde el 2018 el gobierno provincial, desde Rentas Generales, trasfiere fondos. Del total del gasto del organismo en 2018 el Tesoro provincial aporto el 31,6% – en 2019 el 45,8%, en 2020 el 37,5%, y en 2021, el 22,6%. Sin estos aportes no podrían pagar los salarios; más allá de la figura contractual que hoy, en parte con el proyecto de ley, se transparenta”, analizó.
En resumen, el legislador señaló: “desapareció la inversión, (único objetivo para el que fue creado), debiendo desde rentas generales aportar para gastos corrientes”.
Dal Molin dijo que este financiamiento claramente depende de políticas nacionales, donde CAMMESA, que es la empresa que debe consolidar e informar sobre los fondos de excedentes de acuerdo a la Resolución 448/98, hoy esta subsidiada por el Estado nacional. Es la institución que cada ejercicio recibe mayores subsidios, dirigidos a cubrir la brecha entre los precios que paga la demanda y los costos medios de la generación de energía. En 2021 recibió 7.306 millones de dólares que, devengados en el año, equivale al 1,61% del PBI”.
“A mi criterio, estas son las cuestiones que debemos mirar, y no es la primera vez que lo señalo. La normalización de situaciones laborales debe tener una respuesta, pero este es el verdadero problema que debería ocuparnos”, enfatizó Dal Molín.