Mediante decreto 1576, fechado el 24 de junio de 2024, el gobierno de Entre Ríos dispuso dos medidas que apuntan a reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
En el artículo 1, la norma establece “un incremento del TRES POR CIENTO (3%) de los Aportes Personales y del TRES POR CIENTO (3%) de las Contribuciones Patronales, que se adicionará a los actualmente vigentes, sobre los haberes de todos los trabajadores”. De esta forma, la alícuota pasa del 16 al 19%.
Pero ahí no termina la parte resolutiva. En el artículo 2, el decreto -firmado por la Vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y los ministros Manuel Troncoso y Julio Rubén Panceri- crea “un aporte personal del TRES POR CIENTO (3%) para los pasivos provinciales que hayan accedido al beneficio de jubilación ordinaria especial, hasta alcanzar los requisitos fijados por ley para acceder a la jubilación ordinaria común”.
La decisión de incrementar aportes a la Caja de Jubilaciones había sido adelantada por el gobierno provincial en diálogo con sectores gremiales, la mayoría de los cuales han explicitado sus discrepancias.
Al fundamentar los incrementos de aportes que recaen tanto sobre empleados activos como sobre una parte de los ya jubilados, el gobierno entrerriano alude al grave déficit del sistema, al que define como “solidario, altamente deficitario, con una ecuación activo/pasivo en deterioro alarmante, dotado de un sistema de incrementos en la movilidad en dirección opuesta al déficit que genera cada escalafón, sumado a una situación de desfinanciamiento creciente”.
Precisa que “en el mes de marzo del corriente, el déficit superó la suma de PESOS DIECIOCHO MIL MILLONES y, en abril, superó los PESOS VEINTE MIL MILLONES”, y que ese rojo “se ha visto incrementado por distintas omisiones en la gestión y en la obtención de los recursos, provenientes del Pacto Fiscal, situación que determinara la promoción de una acción judicial por parte del Estado Provincial”.
En obvia crítica a gestiones anteriores, atribuye también el déficit “a la falta de aplicación del Artículo 14° de la Ley 8.732, referente a los aportes que los distintos organismos deben realizar para eliminar o reducir proporcionalmente el déficit producido; y por falta de cumplimiento del Artículo 12°, inciso “d” de dicha Ley, que refiere a los aportes de los regímenes especiales”. En efecto, la norma habilita al Ejecutivo a disponer por decreto modificaciones de las alícuotas lo mismo que la imposición de aportes extras a los pasivos, una potestad que las gestiones precedentes prefirieron no utilizar, mientras el déficit crecía estrepitosamente.
Más adelante, el decreto cita el diagnóstico surgido de un estudio conjunto de la Secretaría de Presupuesto y de la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos. La conclusión a la que arriba es que “el Sistema Previsional Entrerriano presenta un serio problema de sostenibilidad debido, entre otras causas, a la elevación de la tasa de pasividad por prolongación de la expectativa de vida, el incremento de beneficiarios, una tasa de sustitución mayor que la Nacional (82%), y edad mínima jubilatoria inferior a otros sistemas como el nacional; y que, según exponen, el déficit de la Caja de Jubilaciones tiene una elevada y creciente incidencia en las finanzas públicas de la Provincia, ya que una importante parte del mismo es financiado con aportes del Tesoro, conformado por los impuestos que abonan todos los entrémonos alcanzados o no por un empleo, una jubilación o una pensión de la provincia”.
Fuente: El Entre Ríos