Luego de los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas, el gobernador Rogelio Frigerio oficializó la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).
“En el día de ayer, firmé el decreto Nº 3675 de intervención de la obra social de los empleados públicos de nuestra provincia, una medida que afecta principalmente a 300 mil afiliados y que tiene impacto en 1 millón y medio de entrerrianos, sobre los cuales recae el déficit creciente del organismo”, comenzó diciendo.
El equipo interventor será comandado por Mariano Gallegos, un abogado de Capital Federal, quien recibirá una remuneración equivalente al nivel 034, contemplado en la ley provincial Nº 8620. Por su parte, Mariana Alegre será la subinterventora con una remuneración equivalente al nivel 035, dejando sin efecto las funciones encomendadas anteriormente a la misma y otorgando licencia sin goce de haberes en el cargo de planta permanente que posee en el Ministerio de Salud.
La intervención “no es solo una medida de tipo administrativa”, aclaró el mandatario provincial, “sino una respuesta a más de un año de trabajo, en el que con enorme dificultad la comisión fiscalizadora intentó recabar información sobre el manejo de nuestra obra social”.
Fruto de las auditorías implementadas, “quedó claro la obstaculización permanente que sufrió la comisión en su trabajo de tratar de poner luz donde había oscuridad” y, en los informes elevados al gobierno “constan las deficiencias prestacionales de la obra social, el déficit financiero creciente de la misma que ya acumula 20 mil millones de pesos con un promedio de 2 mil millones por mes, sin contar la enorme cantidad de prestaciones que se dilatan mes a mes, sobre todo en áreas tan sensibles como la discapacidad y la entrega de prótesis”.
El relevamiento de la comisión fiscalizadora dio cuenta de “una caída alarmante que sufren los 300 mil afiliados en la calidad de las prestaciones”, según Frigerio. “Lo que queda claro es que lo que se encontró hasta ahora es solo la punta del iceberg”, anticipó, reportando la detección de “muchas contrataciones de personal y directas sin autorización, además de que el Tribunal de Cuentas ha iniciado nueve juicios por mala rendición en tres años y pagos irregulares”.
“Hemos pedido a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que nos acompañen en una auditoría de corte y una auditoría permanente mientras dure esta intervención”, comentó el gobernador.
A su vez, se detectaron “demoras indefendibles en pagos a profesionales de la salud, muchos de los cuales lamentablemente ya no quieren trabajar con nuestra obra social”, dejó advertido.Fuente: El Entre Ríos