Un proyecto del diputado Esteban Vitor (PRO – Cambiemos) para que el 35% de lo recaudado por la tasa de justicia sea distribuido entre los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa motivó la reacción de un sector del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que no quiere perder el control total sobre estos fondos • La iniciativa iba a ser tratada sobre tablas en la última sesión, pero fue bajada a último momento, según la información
Desde que hace 10 años se sancionó ley 10.056, el Superior Tribunal de Justicia controla y administra el total de los fondos que se recaudan en concepto de tasa de justicia por diversos trámites y acciones que se realizan en los tribunales provinciales. La norma fijó que estos recursos debían destinarse a atender la remodelación, reparación, ampliación o locación de bienes inmuebles y la adquisición, reparación y mantenimiento de los bienes del Poder judicial u otros fines que determine el Superior Tribunal.
Con estos recursos, el STJ financió la construcción del tercer piso del Palacio de Tribunales en Paraná y la remodelación del resto del edificio, además de la compra y refacción de varias sedes en todo el territorio provincial.
Un proyecto del diputado Vitor busca modificar esta situación y asignarle mayor autonomía y autarquía financiera al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, en línea con lo establecido en la reforma constitucional de 2008 que dividió aguas en el poder judicial entre quienes juzgan, quienes acusan y quienes defienden.
La iniciativa prevé que el STJ siga manejando a discreción el 65% de la recaudación por tasa de justicia pero destina el 35% restante al MPF y al MPD, en partes iguales. El objetivo es que ambos puedan atender el funcionamiento del Laboratorio de Informática Forense, del Laboratorio de Toxicología, las pericias, necesidades edilicias, pruebas genéticas y todo otro gasto que se estime necesario.
El texto, ingresado a la Cámara hace dos años, impulsa que ambos Ministerios Públicos tengan mayor rango de acción. A tal fin, cuestiona que la ley 10.407 que reglamentó la autonomía de ambos les da independencia orgánica y funcional “pero nada dice de la autarquía financiera”. Esta norma “le ordena al Procurador General y al Defensor general, que remitan anualmente a la presidencia del STJ el proyecto de presupuesto general de gastos para el año siguiente de sus respectivos ministerios”, señaló Vitor en la fundamentación.
• En debate
Tras dos años en la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, había un acuerdo mínimo entre las fuerzas parlamentarias para que sea tratado sobre tablas sin despacho de comisión y aprobado en la sesión del 7 de mayo pasado. El presidente del Superior, Martín Carbonell, y los titulares de Fiscalía, Jorge García, y de la Defensa pública, Maximiliano Benítez, también habrían dado su consentimiento a la iniciativa.
Sin embargo, la noticia del entendimiento llegó a oídos de un sector del STJ que no se resigna a perder el control de estos fondos. Hubo llamados desde el segundo piso del Palacio de Tribunales a algunos legisladores del oficialismo y el tratamiento se trabó.
Las alternativas que se barajan ahora para esta iniciativa van desde una postergación sin fecha en comisión a una modificación de los porcentajes, reduciendo la tajada que les correspondería a los Ministerios.