La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos se reunió a última hora del jueves con la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, para expresarle “sorpresa y desagrado” por la forma en que se sancionó la ley de emergencia económica provincial • La presidenta de la institución, Gabriela López Arango, mencionó que ahora se analizará la norma desde su constitucionalidad y que muchos magistrados están dispuestos a presentar demandas para defender la intangibilidad de sus haberes
En el encuentro “le pudimos expresar por primera vez cara a cara a alguien del Gobierno, nuestra sorpresa y desagrado con el que recibimos este proyecto de ley sin ninguna discusión previa. Entiendo que las medidas de gobierno se tienen que tomar quizá sin mucha discusión, porque si no saldrían, pero nosotros este comienzo de año nos autolimitamos para no tener ningún aumento de haberes hasta el 30 de junio”, recordó.
“Llamemos a las cosas por su nombre: hay una suspensión de todos los regímenes especiales, no es únicamente el de la Justicia. Eso nos hizo ver Romero. La ley ya está. Tendrán que ver (las autoridades del Ejecutivo) ahora que deben reglamentar la norma, cómo lo hacen”, apuntó.
López Arango puntualizó que la Asociación dividió a sus integrantes en cuatro grupos provinciales para realizar asambleas virtuales en las cuales tomaron conocimiento de primera mano de cuál era el sentir ante esta ley. Estos aportes “formarán parte de nuestra estrategia de ahora en más”, anunció.
En estos encuentros, estuvo en debate la posibilidad de que los integrantes de la magistratura reclamen por vía judicial la intangibilidad de sus haberes, que se verán afectados por la ley de emergencia dado que se les disminuirá un porcentaje que va del 2 al 6% de los salarios por la retención que irá a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.
“Esto no lo tratamos con la Ministra”, aclaró la titular de la Asociación de Magistrados, quien también recordó que el descuento golpea a los pasivos: “A ellos les afecta en un 10%. El 82% móvil de la jubilación les desparece y quedarán en el 72%”, señaló.
“Hay todo un análisis constitucional que hacer. En esa tarea nos tendremos que poner ahora”, tras la reunión con Romero, consignó. Al respecto, mencionó que hay temperamento de activos y pasivos de la magistratura en actuar ante la Justicia en defensa de sus haberes. “Por eso en la solicitada (publicada el domingo pasado) hablábamos de que podía generarse una situación institucional indeseada. Hemos estado muchos años sin conflictividad y de golpe se le abre la puerta”, comentó.
“Nosotros podremos representar la voluntad, la idea de muchos de nuestros asociados y muchos de ellos podrán hacer lo que crean conveniente de acuerdo a sus necesidades e ideas”, comentó, agregando que “no está definido” si el reclamo será individual o colectivo debido a que “no hemos efectuado un estudio de dictámenes que puedan analizar la norma desde su constitucionalidad. No lo hicimos (aún) porque hemos estado abocado a la gestión (del encuentro). Pero se hará en los próximos días. Iremos evaluando los pasos a seguir”, sentenció.
• Enganche
La titular de la entidad mencionó que luego de la autolimitación realizada en febrero, durante marzo sobrevino la pandemia y la declaración de cuarentena que, con matices, lleva más de 100 días. López Arango dijo que no desconocen esta realidad: “Seríamos necios si no viéramos lo que pasa a nuestro alrededor”.
“Incluso nos habían ofrecido no tener los aumentos de la Corte Suprema y tener los de la Administración Central, que en marzo discute paritarias. Y dijimos no: queremos los de la Corte, si no los da, no los tengamos. Era febrero y no sabíamos que no habría aumentos para nadie”, comentó.
“Más allá de la cuestión dineraria, lo que queremos es nuestra ley de enganche. Porque es el marco regulatorio por el cual se autorizan nuestras remuneraciones y es la norma con la cual el Poder Judicial tiene una verdadera independencia, no tiene que ir a discutir salarios con otro Poder del Estado. Además en esa paritaria donde están los gremios con la Administración Central, nosotros no tenemos silla”, afirmó.
López Arango destacó que la ley de enganche “fue una solución a la discusión salarial”, postuló, destacando que el Poder Judicial provincial fue uno de los que más “ha trabajado y dado respuestas en este tiempo especial”.
La titular de la Asociación de Magistrados comentó que la reunión fue “muy amigable y en muy buenos términos, pese a lo áspero de tener la ley sancionada por la Legislatura. No hubo reproches”.
Sin embargo, reconoció que debido al esfuerzo que ha hecho la magistratura, los funcionarios judiciales y los empleados para sostener el servicio de justicia durante la pnademia, se sienten “anímicamente defraudados” por el anuncio de la ley de emergencia el viernes pasado y su tratamiento y sanción esta semana.