El intendente Bravo elevó al Concejo un proyecto de ordenanza relacionado con la puesta en funcionamiento del Juzgado de Faltas Municipales. Es una buena medida. Los municipios facultados para ello. Otras ciudades ya lo tienen; pero en Federación nunca la política logró encontrar las ecuaciones necesarias para su implementación, pese a que hace muchísimos años se discute.
Lo presentado por Bravo tiene su fundamento en una Ordenanza de 1234 del 2004, y, por ende, redactada en base a las normativas de entonces. Han pasado casi 20 años. En Entre Ríos se modificó la Constitución Provincial y también la Ley que anteriormente regulaba el funcionamiento de los municipios, por entonces 3001, hoy 10027. Este es el primer punto a revisar de la ordenanza presentada por el Ejecutivo, dado que debe revisarse y modificarse también la N° 1234 para evitar errores de origen.
La actual legislación, como señalamos, determina como competencia de los municipios la creación de una “Justicia de Faltas”, así lo designa, no Juzgado de Faltas como menciona la ordenanza de origen. La Constitución provincial en Artículo 240 inciso 8, y la Ley 10027 en Articulo 8 y 118 y subsiguientes así lo determinan.
Queda muy claro, tanto en la redacción de la Constitución, como en la Ley, que el espíritu de constituyentes y legisladores fue sostener algunos principios, tanto en su funcionamiento como en lo que refiere a la designación de quien debe ocupar el lugar de Juez. Garantizar el principio de idoneidad y la transparencia en su elección; pudiendo requerir la colaboración del Consejo de la Magistratura, además de determinar profesión y limitantes de edad; son algunos de ellos.
La política no podrá escapar a estos aspectos, la metodología de elección debe contener estos principios, y además en su designación – remoción, se deberán cumplir con las mayorías requeridas en la normativa a tal efecto.
Allí encontramos algunos vacíos en el Proyecto de Ordenanza en tratamiento. Si en su artículo 2 determina serán designados “previo concurso de antecedentes y oposición”, es imprescindible determinar el sistema de concurso, los plazos, si existirán exámenes, como será la puntuación y valuación en caso de exámenes y como se justipreciarán los antecedentes y oposición. Debe agregarse como Anexo, en su redacción, todo este protocolo. Este anexo, debería también establecer o aclarar alcances de incisos d) – e) – f) del Artículo 4 de la Ordenanza, y solo a modo de ejemplo, el plazo de residencia establecido en Ley 10027, es menor al que propone el proyecto.
En su artículo 3, si las causas de remoción, son las mismas que para los magistrados judiciales, se debería mencionar legislación, alcance, que tipo de magistrado, y por sobre todo la metodología de inicio y como se juzgarán estas faltas. Los magistrados, que nosotros sepamos, tienen como procedimiento el Juicio Político que se sustancia en las legislaturas provinciales.
¿Cuáles serán las funciones de la Comisión Evaluadora? Artículo 6 del proyecto. ¿Qué evaluarán? ¿En qué instancia? ¿Qué parámetros se utilizarán? ¿Las resoluciones que adopten, deberán ser por unanimidad, por mayorías especiales, por simple mayoría?
El proyecto presentado es una buena iniciativa. Podrá la política, en el marco de las representaciones institucionales, resolver los sesgos que tiene el mismo, y de los cuales solo nombramos algunos. Un último interrogante: ¿Por qué no requerir la colaboración del Consejo de la Magistratura? Es un organismo especializado, precisamente, en la designación de jueces y además tiene, por experiencia y función, una metodología ya aceitada para estos casos.
La política en Federación, a partir de la representación institucional, deberá resolver esta cuestión estancada por casi 20 años. Las herramientas están para alcanzar justicia y transparencia en la designación del juez, solo trabajar, incorporar profesionales y concluir en la modificación de la ordenanza que evite cualquier sesgo que pueda luego ser cuestionado.
La política tiene la respuesta.