FacebookTwitteremailPrint Se trata de la norma Nº 2239 mediante la cual se establecieron zonas de exclusión y áreas de restricción entre otras regulaciones para la aplicación de plaguicidas cerca de escuelas • Según dijo el mandatario, el decreto que está vigente pero sobre el cual aún resta que la Justicia dicte sentencia en cuanto a […]
Se trata de la norma Nº 2239 mediante la cual se establecieron zonas de exclusión y áreas de restricción entre otras regulaciones para la aplicación de plaguicidas cerca de escuelas • Según dijo el mandatario, el decreto que está vigente pero sobre el cual aún resta que la Justicia dicte sentencia en cuanto a su constitucionalidad, “contempla perfectamente” la producción y el cuidado del medio ambiente · Hizo hincapié en el “estricto control” que se ejecutará: “En eso vamos a ser inflexibles”, afirmó
“Hemos emitido un decreto que tiende a buscar un punto de equilibrio entre la razonabilidad que existe en algunos sectores de la producción y también entendiendo el derecho a la salud”, sostuvo Gustavo Bordet quien dijo creer que la norma que fue publicada en el boletín oficial el 5 de agosto pasado, “contempla perfectamente bien ambas situaciones, ha sido estudiado, tiene avales”, enfatizó.
Asimismo, ” vamos a establecer un estricto control para que no haya abuso de pulverizaciones y que quien las aplique inadecuadamente, tenga el castigo de la ley que se merece”, acotó en declaraciones a esta Agencia.
Sin dejar de subrayar que “los temas de salud son prioritarios y en esto vamos a ser inflexibles”, el mandatario volvió a señalar como lo hizo antes en otras ocasiones que “hay e encontrar las posiciones que contemplen las dos partes, ambiente seguro y sistema productivo que garantice la actividad económica en la provincia”.
Cabe destacar que el decreto Nº 2239 estableció zonas de exclusión de hasta 500 metros y áreas de restricción de hasta 3000 metros entre otras regulaciones para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios cerca de escuelas.
El Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron ante un tribunal un amparo colectivo ambiental contra ese último decreto, con el objetivo de declarar la “nulidad y/o inconstuticionalidad y su revocación, asunto que aún resta resolverse.
Pero lo que la justicia no avaló es la medida cautelar interpuesta por estos mismos actores para frenar la norma por lo que con esta determinación, el decreto resulta aplicable.