FacebookTwitteremailPrintFranco Ledesma, un funcionario de la Unidad Municipal 2, declaró ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) que el sindicado capo narco Daniel “Tavi” Celis tenía fuerte influencia en las decisiones que se tomaban en el ámbito de influencia de esa dependencia y narró que en la cárcel armó la lista Amarilla para competir por […]
Franco Ledesma, un funcionario de la Unidad Municipal 2, declaró ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) que el sindicado capo narco Daniel “Tavi” Celis tenía fuerte influencia en las decisiones que se tomaban en el ámbito de influencia de esa dependencia y narró que en la cárcel armó la lista Amarilla para competir por el sindicato municipal • Más tarde, los funcionarios municipales Candela Carminio y Orlando Silveyra expusieron el caos administrativo del Gobierno local • El Tribunal analizará ampliar la cantidad de audiencias por semana
El TOCF integrado por Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango escuchó esta mañana el testimonio de Franco Ledesma, subdirector de la UM2 con vínculos con el Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO: la estructura creada por Celis para saltar a la política), fuerza con la que militó en 2015 a favor de Sergio Varisco (también imputado en la causa como presunto financiador del narcotráfico) y de Cambiemos.
En su relato, Ledesma puntualizó que “Tavi” Celis no era empleado del Municipio, pero tenía influencia en el Gobierno municipal por el peso político que había ganado en la campaña electoral, al punto tal que daba órdenes a la conducción de la UM2 para que hiciera algunos trabajos, aunque siempre dentro de lo que se podía hacer en el ámbito del municipio, lo que incluía labores como desmalezado y desagote de pozos.
El testigo expuso que después de las elecciones de 2015 el rédito que obtuvieron Celis y el MVO fue la gran cantidad de designaciones dentro de la UM2 era de gente que estuvo con el movimiento durante la campaña.
El subdirector dijo no tener trato personal con Celis y que simplemente lo conoció cuando se sumó a trabajar con el MVO para la campaña de Sergio Varisco tras las primarias de 2015. Pero Fiscalía le hizo notar que lo visitó en la cárcel, al igual que a otros detenidos. La respuesta que dio fue contundente: lo fue a ver para preguntarle qué debían hacer en la Unidad Municipal 2. Es decir: “Tavi” Celis, aún detenido, seguía manejando resortes de poder en la estructura del gobierno local.
Más adelante sumó otro dato en el mismo sentido: hubo una reunión en la cárcel con “Tavi” y al menos una decena de personas más a fin de conformar la Lista Amarilla para competir por el control del sindicato municipal (Suoyem). Allí se definió que Fabián Brunengo sea candidato a la secretaría general y también quienes lo acompañarían en los demás cargos. La lista amarilla fue derrotada por la Naranja en el marco del proceso de normalización de la entidad sindical.
También precisó que la relación de Celis con Varisco, el concejal Pablo Hernández y la funcionaria de Seguridad municipal Grisela Bordeira era “política”, apuntando: “Los vi juntos en algún acto”. Además, consignó que en la segunda vuelta electoral de 2015 trabajaron por la candidatura de Mauricio Macri.
El testimonio de Ledesma también arrojó luz sobre otro punto oscuro de la historia: el uso de los camiones de la UM2 y su sistema de geolocalización. Una escucha de la Policía Federal interceptó a Celis pidiéndole a Hernán Ribero, director de la Unidad, camiones sin GPS para trasladar “muebles” a San Benito.
El subdirector del área dejó sentado que:
• Al momento de ingresar a la dependencia todos los vehículos tenían GPS instalado, fue algo que se hizo en la gestión municipal de Blanca Osuna. Había en la UM2 tres camiones volcadores en funcionamiento; seis compactadores y dos palas o vehículos de carga frontal afectados al servicio en el volcadero municipal de basura. El monitoreo era para evitar el robo de combustible.
• El sistema TrailBack que tenían los vehículos funcionaba con un llavero asignado por la empresa de rastreo a cada chofer. Sólo con ese instrumento se podían poner en marcha los vehíclos.
• Pero muchas veces se anulaba ese sistema debido a que en algunas zonas de Paraná la señal con la que funcionaba el GPS no llegaba, lo que provocaba que el vehículo se parara o bien comenzara a sonar una alarma.
• Sobre estos datos, dejó sentado que, tal vez, el pedido de Celis para poder movilizar camiones sin GPS era para no tener que conseguir también los choferes que tuvieran el llavero habilitante de funcionamiento.
Asimismo, Ledesma comentó que Fernanda Orundez Ayala, pareja de “Tavi” Celis al momento de la caída de la banda, también era empleada municipal de la UM2, al igual que Renzo Bertana, “hijo del corazón” de Celis. Ambos formaban parte del MVO, consignó. Otro de los imputados, Hernán Rivero, entró con un contrato de servicios en la gestión de José Carlos Halle (Frente Renovador 2007-2011) que se extendió con Osuna y salta a la Dirección de la Unidad Municipal con Varisco.
Además, relató que tras el descubrimiento de la banda y la remoción de las autoridades de la UM2 por parte de Varisco, el secretario del Centro de Servicios Roberto Sabbioni se hizo cargo momentáneamente de la dependencia, hasta que fue designado el coronel retirado del Ejército Osvaldo Guidone, quien no pudo entrar al galpón de la Unidad por un buen tiempo dado que un grupo del Suoyem (que quería colocar al frente del organismo a uno de los suyos) se lo impedía. Hasta fue agredido por la pareja de un ex empleado del área, quien lo golpeó produciéndole heridas importantes.
• Faltas de control
El Tribunal y las partes interrogaron de diferentes modos a Candela Carminio, secretaria de Desarrollo Social municipal, a fin de constatar los dichos de la ex de “Tavi” Celis, Luciana Lemos, quien al identificarse dijo ser empleada municipal pero sin lugar de trabajo asignado.
Carminio dio tres versiones a lo largo de su testimonio:
• En primer lugar narró que Lemos Lemos era una de los 1500 empleados que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Y recordó fue a su oficina en calle San Juan a pedir el traslado al centro Integrador de Servicios Públicos a cargo de Sabioni; la atendió un empleado y le dijo que tenía que hacer la nota. No recibió nunca la nota de Lemos pidiendo asignación de tareas y desconocía el porqué ingresó al Municipio.
• Luego mencionó que Lemos estaba asignada a la subsecretaria de Promoción y Desarrollo Social a cargo de César Cuenca, cuya oficina está en calle Colón.
• Más adelante, precisó que Lemos si bien estaba asignada al organismo ubicado en calle Colón, pero cumplía funciones “en territorio”, es decir recorriendo los barrios para relevar necesidades.
La funcionaria se las vio en figurillas para explicar ante la insistencia de las juezas Carnero y Arango cómo hacía para controlar la asistencia y el cumplimiento de horarios de Lemos y de los demás empleados que trabajaban en la modalidad “territorio”. Terminó sacándose la responsabilidad de encima y poniéndola en cabeza de Cuenca y los tres directores que tienen sus oficinas en calle Colón (Emilio Antunez; Florentino Ledesma y Esther Díaz). También apuntó a la secretaría de Modernización, bajo la batuta de Ana Sione, por el control, dado que su dependencia no cuenta con un área de recursos humanos propia.
Además, dijo haberla visto a Lemos en la Municipalidad pidiendo dinero a Bordeira para poder viajar a Buenos Aires y darle de comer a sus hijos.
Con respecto a la entrega de alimentos y mercaderías del Municipio que hacía Orundez Ayala en su domicilio particular, Carminio remarcó que es una práctica habitual dejar estos elementos en las viviendas de los integrantes de las comisiones vecinales (Orundez Ayala era vocal de la comisión del Paraná 16), dado que no todas (son más de 200) tienen un salón propio. Y subrayó que no hay norma que impida este procedimiento.
Al respecto, Orlando Silveyra, director de Comunidades Vecinales de la Municipalidad, afirmó al momento de dar testimonio que no se repartían bolsones de comida durante el proceso electoral. Además, precisó que Orundez Ayala realizaba un relevamiento de las necesidades de los vecinos en el Paraná 16 y luego le llevaba el pedido. La resolución de dar o no dar la ayuda, sentenció, correpondía a él y a Carminio.
• Otros testimonios
La defensa técnica de los hermanos José y Omar Ghibaudo, acusados de haber cedido su campo en Colonia Avellaneda para que aterrice la avioneta incautada con 317 kg de marihuana, presentó varios testigos de concepto, que explicaron al Tribunal que son gente de campo y de trabajo.
El punto alto corrió por cuenta de Alicia Liliana Audisio, prima segunda de los Ghibaudo, quien aseguró que el nivel de angustia que están pasando en la cárcel los ha llevado a pensar en tomar una determinación trágica.
Al comienzo de la audiencia, el defensor de Bordeira, Boris Cohen, planteó la necesidad de aumentar la cantidad de días por semana que el Tribunal dedica a este juicio (hasta el momento, lunes y martes) a fin de acelerar la definición. Fiscalía avaló el pedido, al que se plegaron otras defensas, y sugirió también incrementar la cantidad de testigos por jornada. El Tribunal adelantó que evaluará los planteos y dará a conocer una decisión la próxima semana.
Por último, Fiscalía notificó el desistimiento de unos 10 testimonios y la defensa de Hernán Rivero pidió incorpora cuatro, de los cuales el Tribunal autorizó sólo uno.