FacebookTwitteremailPrintLa organización Mujeres de la Matria Latinoamericada (Mumalá) realizó un informe sobre femicidios en el país al cumplirse 10 años de la sanción de la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El registro abarca los femicidios ocurridos […]
La organización Mujeres de la Matria Latinoamericada (Mumalá) realizó un informe sobre femicidios en el país al cumplirse 10 años de la sanción de la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
El registro abarca los femicidios ocurridos en todo el territorio nacional entre el 1º de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019. En ese plazo se contabilizaron 2.749 víctimas de femicidios, que incluye a mujeres de manera directa, travesticidios y mujeres y niñas víctimas de femicidios vinculados. Además se registraron 264 víctimas de femicidio vinculados de niños y varones.
“La violencia de género en todas sus formas y modalidades así como su expresión más extrema, el femicidio, configura un grave problema social y político que amerita firmes, consensuadas, accesibles y sistemáticas acciones del Estado con presupuestos acordes para su puesta en marcha”, se indicó desde Mumalá en un documento enviado a esta Agencia.
También señaló que “a 10 años de la sanción de la ley 26.485 no se obtuvieron respuestas por parte del gobierno de Mauricio Macri, como así tampoco de las instituciones encargadas de ejecutar políticas públicas para abordar esta problemática. De igual manera sucedía en el Gobierno de Cristina Fernández. En esta década el presupuesto para la implementación de dicha Ley no alcanzo un dígito del presupuesto nacional”, denunció el organismo, por lo que remarcó que “urge la implementación federal del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Machista”.
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El informe también reveló que 3.295 niñes y adolescentes se quedaron sin madre. Otro punto que se observó es que en promedio sólo el 17 % de las víctimas que habían realizado denuncias por violencia de género.
Al respecto, desde Mumalá se remarcó que las mujeres recurrieron en mayor porcentaje al Estado para la realización de las denuncias en 2015 (20 %) y 2018 (21%) , ambos años atravesados por fuertes luchas del movimiento de mujeres e identidades disidentes (Ni Una Menos, Aborto Legal, Seguro y Gratuito) que se instalaron en el espacio público, político, medios de comunicación, entre otros escenarios.
“Las organizaciones feministas hacemos valiosos, y por momentos únicos, aportes en el registro de las violencias machistas extremas pero entendemos que es tarea del Estado, valorando esas experiencias, la construcción de un diagnóstico nacional sobre donde se asiente el diseño e implementación de eficaces políticas públicas”, se indicó desde el organismo.
Ante esa situación, se destacó “la creación del Ministerio de la Mujer” por parte del gobierno de Alberto Fernández, y también que se habilitara un área específica para abordar las violencias. “Esperamos que, como dijo el presidente al asumir, el #NiUnaMenos sea política de Estado”, se lee en el documento.
Por último, Mumalá propuso algunas medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres y disidencias, entre ellas que se abra un Registro Único Nacional de Femicidios; que se dé la aplicación efectiva de la Ley Micaela y se haga un monitoreo de su implementación; que haya verdadera accesibilidad al derecho otorgado por la Ley Brisa (de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género); y que se impulse la ley de cupo laboral travesti trans.